El 29 de diciembre de 2022, en esta misma columna escribí “Son siete”, un artículo sobre la inestabilidad política del Perú: “Guarden esta columna” sugerí, “porque desde ahora les adelanto que la actual presidenta, Dina Boluarte, también será destituida y probablemente encarcelada...”. No quiero ensalzarme, pero casi tres años después el desenlace fue el previsto. Boluarte fue destituida por un golpe en el Congreso y, si no ha sido encarcelada, es porque comparte línea ideológica con el nuevo gobierno. Y, sin embargo, está bajo investigación.
Y también así, con la misma falta de institucionalidad que ha marcado a los últimos ocho gobiernos peruanos, el actual gobierno —no elegido democráticamente, sino negociado en mesas legislativas— decidió romper relaciones diplomáticas con México. El argumento fue que nuestro país otorgó asilo a Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, y que México difundió “una versión tendenciosa e ideologizada del supuesto intento de golpe”.
La Convención de Caracas sobre el derecho de asilo, firmada en 1954 por ambos países, establece que “no es lícito conceder asilo a personas inculpadas o procesadas... salvo que los hechos revistan claramente carácter político”. En el caso de Betssy Chávez, se le acusa de “rebelión”, por haber estado al lado de Castillo cuando este trató de defenderse en contra del golpe de estado que estaba por sufrir; una persecución con claras motivaciones políticas. De hecho, ideológicas. Por lo tanto, es lícito asilarla. Pero los gobiernos de aquel país sólo leen lo que les sirve y ven lo que les conviene.
Nada de esto sorprende: como lo dije hace tres años, el Perú carece de instituciones sólidas. Cada cambio de gobierno desata una cacería de brujas jurídicamente injustificada, pero retóricamente validada. Sin contrapesos legales, cada nuevo mandatario busca borrar todo lo anterior para imponer lo nuevo, hasta que otro gobierno llega y repite el ciclo. No es casual que, salvo breves periodos de bonanza, ese país siga atrapado en un círculo de bajo crecimiento económico, que apenas llega a 2.4% en promedio en los últimos 20 años, con la consecuente falta de progreso social.
Vuelvan a guardar esta columna. Es sólo cuestión de tiempo, para que el actual presidente, José Jerí, caiga y sea perseguido por sus opositores, como lo está haciendo él con los suyos. No es cuestión de personas, sino de estructura institucional. Por lo pronto, no puedo dejar de lamentar la ruptura insensata de relaciones diplomáticas por parte de ese país hermano. Aunque también entiendo que todo es la consecuencia inevitable de esa básica forma de hacer política, a la peruana. Y hasta aquí la triste reflexión bilateral de tu Sala de Consejo semanal.