El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta hoy una de las acusaciones más delicadas que puede recibir un gobernante en funciones: la de tener vínculos con el crimen organizado. Esto no se trata ya de un rumor, sino de una acusación penal formal que lo relaciona con el Cártel de Sinaloa, incluyendo señalamientos por conspiración para el tráfico de drogas, uso de armas e incluso presunto apoyo electoral del crimen organizado. Sin embargo, es fundamental resaltar un matiz que redefine todo el caso: México sostiene que no ha recibido pruebas. Y, en derecho internacional, ese detalle no es menor. De hecho, lo es todo.
Conviene decirlo con claridad: una acusación en Estados Unidos no equivale a una imputación automática en México. Al ser sistemas jurídicos distintos, para que el caso avance en territorio nacional se requiere una ruta precisa: primero, la entrega formal de evidencia por la vía diplomática; después, la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República; y, eventualmente, la formulación de una imputación ante un juez.
Pero en este caso existe un obstáculo adicional: el fuero constitucional. Rocha Moya, en su calidad de gobernador, no puede ser imputado sin que antes la Cámara de Diputados apruebe un desafuero. Es decir, incluso si en algún momento se aportaran pruebas, el proceso seguiría siendo, inevitablemente, político. Ahí radica el verdadero fondo del asunto. No estamos ante un caso estrictamente jurídico, sino ante un delicado equilibrio político-legal, en el que confluyen soberanía, cooperación bilateral y cálculo interno.
Los escenarios hacia adelante son relativamente claros. El más probable, por ahora, es la improcedencia: sin pruebas formales, no puede haber investigación ni mucho menos imputación. Un segundo escenario implicaría la entrega de evidencia por parte de Estados Unidos, lo que abriría la puerta a una investigación en México, pero mantendría el caso congelado por el fuero. Un tercer escenario, de alto impacto, requeriría que en realidad existieran pruebas contundentes y, además, una decisión política para retirar la inmunidad del gobernador. Y un cuarto, externo, pasaría por una escalada de presión estadounidense que podría tensar la relación bilateral.
Al final, la pregunta no es si las acusaciones son graves, porque lo son. Lo relevante es recordar que, en el derecho internacional, no basta con señalar; hay que demostrar y, además, estar en capacidad de procesar. Y hoy ninguna de esas dos condiciones parece plenamente satisfecha. Ese es el verdadero estado del caso y, por lo tanto, es también su dificultad. Este es el análisis legal de tu Sala de Consejo semanal.