Hay excepciones, pero los hijos de los presidentes casi siempre son un problema. Ciertamente en países bananeros como los nuestros, pero también en democracias avanzadas. El poder de los padres, combinado con una absoluta falta de responsabilidad pública y agravado por el amor ciego, son una combinación letal. A esto hay que añadir que, con frecuencia, los hijos de los políticos crecen entre ausencias eternas y excesos ilimitados de los padres, que los convierten en unos malcriados que sienten que todo lo pueden.
Recientemente la justicia colombiana reafirmó esta trágica dinámica: Nicolás Petro, hijo del Presidente Gustavo Petro, y su ex esposa, fueron detenidos bajo presuntos cargos de tráfico de influencias y lavado de dinero. El Presidente, aparentemente desde lo más profundo de su corazón, lamentó la detención de su hijo pero estoico deseó que el error sea para el aprendizaje del joven y ha asegurado que no intervendrá para bloquear la justicia.
Esta elevada postura tiene sin embargo un lado oscuro: el dinero que Nicolás Petro habría traficado fue, según informes previos, destinado a la campaña de su padre. El cuento del estadista adquiere aquí un giro perverso, porque bajo estas circunstancias las opciones de Petro eran limitadas: o entregar a su hijo o entregarse él.
En un gobierno que a un año de su inicio está agonizando en términos de aprobación y tiene pocos resultados reales para la población, el peligro era caer en lo que vivió el gobierno del ex presidente Ernesto Samper con el Proceso 8000 que se llevó a cabo en 1994 para investigar el financiamiento ilegal de su campaña por parte del narcotráfico. Petro estaba en claro peligro de un "Proceso 9000", por llamarlo de alguna manera. Sin minimizar la gravedad de su decisión, Petro, que es un pragmático feroz, debe estar feliz de que el detenido es su hijo y no él.
Al final, más que otra lamentable historia sobre hijos incómodos, la de Nicolás Petro es una confirmación de que, a pesar de que los políticos repiten una y otra vez que no se metan con sus familias, la realidad es que las familias deberían ser sujetos de responsabilidad pública formal.
El acceso que tienen a información, contactos e intimidación o favoritismo, los eleva por encima del plano puramente ciudadano: son tan públicos como su familiar encumbrado, aunque no aparezcan en la foto. Este podría ser un inicio para tener familias cada vez más honorables en el poder, en vez de familias de pillos abusando del poder.
Petro no controla la justicia, pero sí los privilegios de cualquier centro penitenciario de Colombia. Punto interesante a revisar en su momento, si el chico es encontrado culpable. Es la opinión filial de tu Sala de Consejo semanal.