La semana pasada Perú vivió una de las elecciones presidenciales más cerradas de su historia reciente. Durante meses, el debate público se concentró en una sola pregunta: ¿ganará Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Sin embargo, en Perú esa probablemente no sea la pregunta más importante. La verdadera incógnita es otra: ¿podrá el próximo presidente terminar su mandato?
La pregunta parece exagerada, pero las cifras son contundentes. Durante los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes. Ninguna democracia puede aspirar a la estabilidad cuando cambia de liderazgo con la frecuencia con la que otros países cambian de gabinete. Más que una crisis de candidatos, Perú enfrenta una crisis de diseño institucional.
La explicación suele buscarse en la corrupción, la polarización política o la fragilidad de los partidos. Todos estos factores influyen. Sin embargo, el problema más profundo está en la arquitectura misma del sistema político peruano. Perú construyó un presidencialismo mal blindado y un parlamentarismo mal injertado. El presidente es elegido mediante voto popular directo, como ocurre en los sistemas presidenciales clásicos. Pero el Congreso posee facultades que, en la práctica, le permiten removerlo por razones esencialmente políticas.
La figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, concebida originalmente como una herramienta excepcional, terminó convirtiéndose en una poderosa arma de confrontación institucional. Así, el Congreso puede actuar como si estuviera retirando la confianza a un primer ministro en un sistema parlamentario, aunque Perú formalmente no sea una república parlamentaria.
El resultado es una democracia peculiar. Los presidentes caen mediante procedimientos constitucionales, votaciones legislativas y sucesiones legales. No son golpes de Estado tradicionales. Son crisis políticas recurrentes producidas por un sistema que ofrece incentivos permanentes para el conflicto y las herramientas para derribar presidentes, simplemente con un voto de desconfianza.
La historia reciente del país ofrece una lección que va mucho más allá de sus fronteras. Durante décadas, América Latina ha discutido el formato de sus democracias y ha dado mucha menos atención a cómo debían funcionar las reglas del poder. Elegir líderes importa, pero diseñar instituciones importa más.
Al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la transparencia o eficiencia de sus elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para sobrevivir a ellas. En Perú, el problema no es quién llega al Palacio de Gobierno. El problema es que el propio sistema parece construido para expulsarlo. Y hasta aquí la reflexión electoral de tu Sala de Consejo semanal.