M+.- Hay algo profundamente equivocado en la estrategia narrativa de la oposición. Y no solamente equivocado: peligroso.
Quieren instalar la idea de que cuestionar a la gobernadora de Chihuahua por abrir las puertas a agencias extranjeras sin cumplir las formalidades institucionales mínimas equivale a “defender al crimen organizado”. Como si la Constitución pudiera suspenderse dependiendo de quién viola la ley. Como si hubiera ilegalidades “buenas” cuando las comete alguien políticamente conveniente.
Y no.
Tan grave sería que un gobernador estuviera vinculado al crimen organizado, como grave es permitir actos de injerencia extranjera al margen de la ley mexicana. Una cosa no cancela la otra. Un delito no lava otro delito. La soberanía nacional no puede convertirse en moneda de cambio mediática.
En Sinaloa, el gobierno federal actuó. La UIF incorporó a los 10 perfiles señalados por el gobierno de Estados Unidos a la lista de personas bloqueadas “con carácter estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por bancos mexicanos tras acusaciones del Departamento de Justicia. La propia UIF dejó claro que no se trata de sentencias ni condenas anticipadas, sino de medidas administrativas preventivas sujetas al debido proceso.
Si Rubén Rocha Moya es culpable, pagará. Si cualquiera de los otros señalados es culpable, pagará. No debería existir ninguna duda sobre eso.
El contraste histórico resulta demoledor.
Mientras la DEA alertaba desde 2005 sobre vínculos de Genaro García Luna, éste permaneció siete años como secretario de Seguridad Pública. Después siguieron contratos millonarios durante el gobierno de Peña Nieto. La red ligada a García Luna involucró al menos ocho personas físicas y 44 morales, con 30 contratos fraudulentos con la Policía Federal y el Cisen. El daño al erario fue de 745 millones de dólares.
La jueza Lisa Walsh sentenció incluso a García Luna y a su esposa a pagar al gobierno mexicano más de 2 mil 488 millones de dólares.
Eso sí era complicidad estructural. Eso sí era proteger al crimen desde el poder.
En cambio, en el caso actual, el señalamiento surge en mayo de 2026 y la UIF actúa en cuestión de días.
Pero la oposición necesita desesperadamente construir una narrativa donde cualquier acción institucional sea “persecución”, mientras cualquier violación a la soberanía sea “valentía”.
Y ahí aparece Chihuahua.
Porque detrás de toda esta sobreactuación “patriotera” de la derecha hay otro problema: el desastre de gobierno que vive ese estado.
La marcha en Chihuahua reunió cerca de 20 mil personas. No fue una protesta artificial. No fue un montaje. Y aunque intentaron minimizarla, representa un grito de hartazgo frente a un gobierno incapaz de garantizar seguridad, estabilidad y resultados.
Los datos son brutales.
Chihuahua fue la entidad con más homicidios dolosos del país en abril, con 129 casos. Desde enero se mantiene entre los tres estados más violentos de México: 124 homicidios en enero, 102 en febrero, 132 en marzo y 129 en abril.
El 8.2 por ciento de todos los homicidios nacionales ocurrieron ahí.
La fiscalía estatal documentó además 48 niñas, niños y adolescentes asesinados en Chihuahua durante 2025.
En narcomenudeo, Chihuahua ocupa el quinto lugar nacional con 5 mil 415 casos anuales y un incremento de 55.7 por ciento respecto al año anterior.
Y mientras tanto, el 71.5 por ciento de la población considera inseguro vivir en el estado.
Ese es el verdadero contexto.
No estamos frente a una gobernadora heroica enfrentando sola al crimen organizado. Estamos frente a un gobierno profundamente rebasado que ahora pretende justificar cualquier irregularidad bajo el argumento de “combatir al narco”.
Y cuidado con eso.
Porque la historia de México enseña exactamente lo contrario.
La soberanía no es un capricho ideológico. Es uno de los principios constitucionales más importantes del Estado mexicano. Durante décadas, incluso el delito de traición a la patria llegó a contemplar la pena de muerte en nuestra legislación histórica. No traigo esto a colación porque alguien merezca semejante barbaridad. Lo menciono para recordar la dimensión del valor constitucional que históricamente México otorgó a la defensa de su soberanía.
Pero pareciera que a cierta derecha se le olvidó la historia.
O peor aún: pareciera que históricamente siempre han estado del lado de las injerencias.
Desde los conservadores que fueron a buscar coronas europeas en el siglo XIX, hasta quienes hoy celebran cualquier intervención extranjera mientras sirva para golpear políticamente a sus adversarios.
La lógica es peligrosísima: “si el objetivo es correcto, entonces cualquier ilegalidad se vale”.
No. Así no funciona un estado de derecho.
Porque entonces mañana cualquier gobernador podría permitir operaciones extranjeras clandestinas, espionaje irregular o acuerdos extrainstitucionales alegando “buenas intenciones”.
Y eso destruye la República.
El combate al crimen debe ser firme. Implacable. Sin importar colores partidistas. Los datos del Operativo Enjambre lo dejan claro: hay detenidos de distintas fuerzas políticas, incluidos alcaldes vinculados al CJNG, a La Familia Michoacana, a secuestro y extorsión.
Caiga quien caiga.
Pero precisamente por eso, el combate al crimen debe hacerse dentro de la ley y defendiendo la soberanía nacional, no erosionándola.
Porque cuando la derecha intenta convencernos de que violar la ley “por una buena causa” es aceptable, lo que en realidad está haciendo es abrir la puerta a algo mucho más grave: normalizar que el Estado mexicano deje de actuar como un Estado soberano.
Y eso sí sería una derrota histórica.
* Diputado federal y vocero de Morena en la Cámara de Diputados