Un nuevo decreto del poder Ejecutivo será otro ajuste forzoso a la reforma energética.
Esta semana, el Presidente anunció desde el paredón de uno de los diques sobre el río Grijalva que el operador del Sistema Eléctrico Nacional despachará de manera prioritaria y permanente la energía generada por las centrales hidroeléctricas de la CFE, por parte del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), sobre la generación privada.
Según López Obrador, el modelo anterior de despacho eléctrico durante el sexenio de Peña Nieto “favorecía a empresas privadas y provocó inundaciones en el sur del país”.
El modelo anterior en realidad es el modelo vigente: es el de despacho eléctrico precisamente del Cenace, un centro que es (¿era?) independiente del sistema y donde las variables para armar el circuito de compra, venta y distribución de la energía eléctrica se basa en costos de generación, dando prioridad a las plantas más eficientes (que suelen ser las de energía limpia) y así sucesivamente hasta satisfacer la demanda.
Este decreto presidencial cambia esta fórmula, es decir, va contra el mecanismo legal de despacho económico que da mérito de entrada por precio, y todo esto sin cambiar la legislación actual (el mecanismo forma parte de la Ley de la Industria Eléctrica de 2014).
“Esto es absolutamente ilegal. Además es irracional porque le cuesta más al Estado y al consumidor”, me dice Monserrat Ramiro, quien publicó un informe sobre “Participación Privada en Generación de Energía Eléctrica”, junto con otro especialista del sector, Jesús Serrano. Las empresas privadas podrán iniciar acciones judiciales contra el gobierno mexicano por no dar certidumbre jurídica sobre sus contratos actuales de suministro al beneficiar a una empresa estatal.
¿Por qué sería más caro usar primero la energía de las plantas hidroeléctricas de CFE? Porque esta empresa ha demostrado ser el generador más caro de todo el sistema en todas las modalidades. Además, la decisión genera otros riesgos porque las presas no tienen disponibilidad absoluta (hay periodos de sequía) y sin olvidar que el agua tiene un uso diverso que administra Conagua y no toda debe ser para generación eléctrica.
Muchos analistas del sector insisten en que detrás de este decreto en realidad está el foco gubernamental de darle prioridad a CFE en el suministro de energía, mismo que es más abundante en las plantas de ciclo combinado que serán alimentadas con combustóleo. Este subproducto de la refinación de petróleo que produce Pemex ya no tiene cabida en los mercados internacionales por su enorme poder contaminante, y la comisión sería su cliente cautivo.
El decreto de las hidroeléctricas es ilegal, será más caro para los usuarios y pondrá a CFE en un brete judicial donde puede perder a sus actuales proveedores privados de electricidad, una diferencia que no tiene cómo suplir y que puede generar una crisis energética en el país.
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