La Cofece, AMLO y la voluntad

El mes que viene la Comisión Federal de Competencia Económica cumple cinco años y ya logró colarse entre las agencias más importantes del mundo. “Según la Global Competition Review, tenemos ya en el ranking mundial tres estrellas, de un máximo de 5, lo que nos coloca en la octava posición global al mismo nivel de las agencias de Canadá y Francia”, dice Alejandra Palacios, quien está en Cofece desde el debut en 2013 y a quien ratificaron como comisionada presidenta hasta 2023. Junto con el Conselho Administrativo de Defesa Econômica de Brasil son las dos agencias de competencia más importantes de Latinoamérica. “Somos incluso más sofisticados que Francia o Alemania, porque ellos descansan sobre la Comisión de Competencia de la UE, a cargo de una las mujeres más admirables que conozco, Margrethe Vestager”, agrega Palacios, que cuenta con un equipo de 400 personas que están trabajando en 35 diferentes investigaciones.

Antes de las elecciones, la Cofece entregó a todos los candidatos a la Presidencia una plataforma económica con propuestas sobre cómo inyectar competencia en todos los sectores de la economía, haciendo hincapié en algunos más rezagados como el financiero, el de salud, el agroalimentario, pero sobre entorno a la contratación pública.

“Ya he hablado con gente del equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre la oportunidad que tienen de transformar sectores y de evitar que en las compras públicas no haya corrupción. Han sido muy abiertos en recibirnos”, añade la comisionada, porque “los casos más importantes de corrupción en este sexenio justamente están relacionados con temas de contratación pública. La competencia y la anticorrupción son políticas públicas hermanas. Propusimos que además de las compras consolidadas se vaya más allá, que cuando haya denuncias a funcionarios, la Secretaría de la Función Pública (SFP) se comprometa a sancionarlos. Nosotros no hemos recibido noticias nunca”, explica.

Según lo que llevan reporteado en estos cinco años, hay funcionarios que hacen la vista gorda o que fomentan arreglos con empresas pero, mientras el sector privado recibe sus multas, del otro lado se pierden los protagonistas y las culpas en los mismos casos. “Nosotros no tenemos facultades para sancionarlos, entonces cuando nosotros sancionamos un caso de colusión vamos a la SFP y les entregamos nuestro expediente con toda la información, tú deberías de ver si en esto que nosotros encontramos también hay funcionarios públicos participando”.

Y le pregunté, casi en tono naíf, si en México ya existen leyes, instituciones y mecanismos intermedios de control de anticorrupción, ¿qué falta en el país?

—“Voluntad. Lo que hace falta en el país es estado de derecho y el estado de derecho que es el cumplimiento de la ley”.

barbara.anderson@milenio.com