Sin nombre no hay protocolos; sin protocolos, cada caso depende del criterio del funcionario de turno
La televisión hablaba demasiado fuerte para esa hora. Afuera, los coches avanzaban despacio entre vendedores de globos metálicos y muchachos que ofrecían ramos en los semáforos, porque en México el diez de mayo es ceremonia nacional. La mujer dobló el mapa otra vez. A un lado del vaso de unicel estaba la fotografía plastificada del muchacho, con tierra en las orillas de la mica. En la cajuela había botellas de agua, guantes y palas.
Hace algunos años esa escena habría parecido imposible. Hoy cualquiera en México entiende lo que significa. Aprendimos demasiado rápido ese lenguaje, y debería avergonzarnos la velocidad con que normalizamos lo que no debería tener nombre todavía. Lo que no se nombra sigue sucediendo, solo que en silencio, sin registro, sin obligación institucional de respuesta.
Las desapariciones obligan a las madres a convertirse en especialistas de una tragedia que jamás imaginaron conocer. El Estado, que debería ser quien busca, termina siendo quien enseña a las madres cómo buscarlo a él mismo.
Hace unos días el gobierno mexicano respondió que no consideraba necesario incorporar el término “madre buscadora” a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La discusión surgió después de que la Corte Interamericana ordenara incluir esa figura en la legislación, derivado del caso de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez a los diecisiete años. El Estado respondió que ya tenía palabras suficientes.
El argumento formal es defendible. Pero negarse a nombrarlas específicamente es negarse a responder por ellas. Sin nombre no hay protocolos; sin protocolos, cada caso depende del criterio del funcionario de turno. Ya sabemos cómo termina eso.
La mujer termina el café, guarda la fotografía, revisa el teléfono por si llegó algún mensaje en los grupos que funcionan de madrugada y coordinan lo que el Estado no coordina. Ella no necesita que una ley la nombre para saber quién es. Aceptar el término implicaría admitir que México produjo una maternidad que no existía antes: atravesada por las fosas, las fiscalías y la incertidumbre de no saber dónde está un hijo. Una maternidad que recibe palas de regalo.
El Estado todavía no sabe cómo llamarla.