Existen muchas y muy buenas razones para explicar por qué resultaba necesario impulsar una reforma de fondo de nuestro Poder Judicial. Un poder que solo le hacía justicia a los que podían pagar buenos abogados; uno que, ante el fracaso de los partidos de oposición, se había convertido en el principal bastión de las élites para frenar toda acción gubernamental que atentara contra sus intereses; y uno que, en lugar de darle protección a las mayorías de a pie, trituraba a todo aquel que se topara con él, exigía cambios de raíz.
Urgía sin duda una reforma fuerte. Haber escogido como medicina sustituir a todas las personas juzgadoras del país y seleccionar a las nuevas por voto popular, así como decretar la creación de un tribunal disciplinario tipo Inquisición para sancionar a jueces y magistrados por mala conducta (muy amplia y vagamente definida), pudiera resultar, sin embargo, peor que la enfermedad.
Dinamitar al Poder Judicial existente le aporta a quienes hoy monopolizan el poder político en México dos beneficios centrales. Primero, nulificar a la única institución del Estado mexicano con alguna capacidad para detener o acotar las acciones ejecutivas y legislativas del bloque hoy gobernante. Segundo y crucial: destruir las condiciones de posibilidad para el lawfare o golpe de Estado por la vía legal en contra de integrantes de ese bloque gobernante.
Lo primero resulta entendible dado que el máximo tribunal logró detener varias de las reformas legales —en particular, de la industria eléctrica y la de la Guardia Nacional— más importantes para el entonces presidente López Obrador. Con la reforma aprobada, cosas así dejarán de ser un problema. Lo segundo fue más un curarse en salud, teniendo muy presente lo ocurrido en otros países, en especial Brasil, donde el Poder Judicial fue utilizado para llevar a juicio y después encarcelar al entonces ex presidente Lula da Silva. En suma, una reforma que dinamita el sistema de justicia para poder gobernar y legislar sin freno ninguno, y para que las personas que detentan el monopolio del poder político puedan dormir tranquilas.
Es cierto que el desmontaje completo del viejo Poder Judicial mexicano servirá para desbaratar el complejísimo entramado de complicidades y prácticas perversas entre poder político y económico que tanto sirvió para reproducir el poder de unos cuantos, para privar de acceso a la justicia a las mayorías y para limitar el desarrollo general del país. El problema es que la reforma impulsada por el gobierno no ofrece garantía alguna de que vaya a ampliarse y mejorarse el acceso a la justicia para la gente de a pie y tampoco para evitar que se generen nuevos arreglos para que los poderosos usen la ley y a los encargados de aplicarla a su favor.
Se volverá a repartir la baraja, sí, pero lo más probable es que sean, de nuevo, los grupos con mayores recursos políticos, económicos y/o criminales los que acaben capturando a las personas juzgadoras. ¿De qué otra forma van a ganar esas elecciones judiciales tan complicadas y poco atractivas para los votantes quienes quieran ganarlas? ¿Cómo si no habrán de poder acumular recursos para sus retiros? ¿De qué otra manera podrán garantizar su seguridad y las de sus familias los nuevos jueces y magistrados si no es acercándose a las fuerzas reales con interés y capacidad para protegerlas?
A los riesgos mencionados habría que añadir los fuertísimos costos que la instrumentación de la reforma judicial está y seguirá implicando para la presidenta Sheinbaum de aquí hasta 2027, año en el que deberá haberse concluido la elección popular de todas las personas juzgadoras a nivel federal y local. Costos presupuestales cuantiosos para tan solo organizar esos comicios inéditos en un contexto marcado por muy serias rigideces y estrecheces a nivel presupuestal. Mayor nivel de riesgo para la inversión y, por tanto, menores perspectivas para aprovechar la relocalización de empresas en México a favor de un crecimiento económico más dinámico e incluyente. Y, para terminar, distracción continua de la atención pública en torno a la reforma judicial, quedando las iniciativas y acciones de gobierno de Claudia Sheinbaum relegadas a notas a pie de página.
La del Poder Judicial mexicano era una reforma indispensable. La modalidad escogida por el partido gobernante para enderezar nuestro sistema de justicia contiene importantes ventajas para este, pero riesgos enormes para el desarrollo del país. El ya mencionado de desaceleración de la inversión y, con ello, una nueva postergación de la promesa de crecimiento económico incluyente. Pero también, y ante la ausencia de certidumbre legal y garantías jurídicas de cualquier tipo, el riesgo de una oposición política que verá limitados sus márgenes de acción y expansión, lo cual no augura cosas buenas para la supervivencia del pluralismo político.
La mayor amenaza del terremoto llamado “reforma judicial”, sin embargo, es el de la desprotección legal generalizada frente a atropellos del gobierno, sí, pero también frente a cualquier actor con más fuerza bruta, poder político o recursos económicos que la víctima. Tal como pintan las cosas, muy pocos podrán salvarse. Para los más ricos y poderosos seguramente se diseñarán pronto mecanismos ad hoc que garanticen sus derechos y privilegios. Para el resto, la pura intemperie.