Cuando hablamos de referéndum nos referimos a mecanismos de democracia directa, popularmente conocidos como mecanismos de participación ciudadana; según la teoría, estos son “un grupo de instituciones políticas donde los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las urnas a través del sufragio universal y secreto, y que no forma parte del proceso regular de elección de autoridades”. Esto lo dice David Altman, uno de los expertos en la materia, (también vale la pena acercarnos a Yanina Welp para entenderlos).
Estos mecanismos complementan la democracia representativa, no la sustituyen, como algunos críticos señalan, incluso la fortalece, Luis F. Aguilar lo dice claro: “convocar a participar es representar”. Entre las promesas de estas figuras están repolitizar a la sociedad, ampliar el número de personas que toman decisiones, provocar un debate informado sobre los asuntos públicos, democratizar lo público y que la ciudadanía coloque sus temas en la agenda. Por ello, es deseable que los países y entidades los incluyan en sus constituciones, como es el caso de Jalisco, donde es un derecho y desde 2019 con un nuevo marco jurídico es más fácil para la ciudadanía activarlos.
La relación entre mecanismos de participación ciudadana y alzas de tarifa al transporte no es nueva, en 2008 la FEU, dirigida por César Barba, impulsó un referéndum, primero solo se revisaron una muestra de las firmas, después el Tribunal Electoral ordenó revisar su totalidad; el Instituto Estatal Electoral de Jalisco de ese entonces lo hizo, analizó la naturaleza del tema con una sólida argumentación jurídica, pero las firmas válidas fueron insuficientes, se requerían 2.5% del estado y se logró sólo 2.4% (123 mil 377). Después, en 2019 se ingresó un escrito de solicitud de consulta popular sobre el mismo tema, ahí el Consejo de Participación Ciudadana, único competente en ese mecanismo, no había sido instalado y no procedió.
En la intención de referéndum actual, falta que las solicitudes se presenten formalmente al IEPC, como establece la norma, se revisen los requisitos, se validen las firmas de la plataforma Fírmale (que ha facilitado el uso de estos mecanismos) y se envíe al Consejo de Participación Ciudadana para que estudie la procedencia y los argumentos que se han vertido en el debate público, sin duda una decisión trascendente. La apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y de Fírmale por parte de las y los jaliscienses son una actitud cívica que vigoriza la democracia de nuestro estado.