El debate alrededor de la reducción de la edad para votar tiene tres aristas elementales: la primera es la madurez cognitiva de las juventudes para tomar una decisión sobre cómo votar; la segunda sobre si dicha medida sirve para aumentar los niveles de participación política del sector y la última va acerca de los alcances de los deberes civiles una vez que se reduzca la edad para el sufragio.
En 1969 en México se redujo la edad para votar de 21 a 18 años, provocando un aumento de la participación política de dicho sector. Esto fue una secuela del movimiento estudiantil del 68. También hay que reconocer que existen diversos países como Ecuador, Brasil, Escocia, Australia, Alemania o Argentina, donde es pero no es obligatorio con sanción; o está el caso de Austria, uno de los más estudiados, donde permiten el voto para jóvenes desde los 16 años.
Sobre la madurez cognitiva, la literatura académica no ha aportado evidencia neurológica que demuestre que las personas de 16 años carezcan de la madurez necesaria para votar, señalando incluso que su nivel de sofisticación cognitiva es comparable al de personas adultas jóvenes.
En segundo lugar, en el caso austriaco, se ha evidenciado que las y los jóvenes de 16 o 17 años presentan niveles elevados de interés político y de participar en asuntos electorales o no electorales y que no se ha demostrado que su participación en elecciones sea significativamente menor a la de algún otro grupo, incluso se ha planteado como hipótesis que, al existir la posibilidad de que este sector se encuentre inmerso en el sistema educativo y una situación familiar medianamente estable, aumenta la posibilidad de que dicha medida genere condiciones de socialización política en la propia familia o escuela.
Uno de los temas centrales del debate gira sobre la cuestión de si al disminuir la edad para votar se disminuye la edad para otro tipo de obligaciones y permisiones, puesto que existe un consenso sobre que a esa edad aún son necesarias medidas de protección vinculadas a su condición de menores de edad, por lo que habría que delimitar la frontera entre el derecho político a votar y la garantía de esa protección.
A punto de entrar al debate político más importante de los últimos años, quizá resulte pertinente debatir sobre la disminución de la edad para votar como una medida efectiva de inclusión para las juventudes que exigen ser escuchadas para incidir en agendas de su interés como la medioambiental, la de seguridad o la de vivienda.