La entrada en vigor del nuevo esquema de autoconsumo representa un paso importante para diversificar la matriz energética nacional y fortalecer la competitividad de la industria mexicana. Sin embargo, los primeros resultados muestran que aún estamos muy lejos del potencial que el país necesita.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, actualmente existen 24 permisos vigentes bajo esta figura, de los cuales 12 corresponden a autoconsumo aislado y 12 a autoconsumo interconectado, con una capacidad total de apenas 233.7 MW.
Estos resultados reflejan que existe interés por invertir, pero también evidencian que el modelo no está generando el dinamismo que México requiere. Si el objetivo del Plan México es impulsar el nearshoring, fortalecer la industria nacional y aumentar la competitividad frente a nuestros socios comerciales, el desarrollo del autoconsumo debería ser, cuando menos, diez veces mayor: alcanzar al menos 2,300 MW en esta primera etapa.
La razón de este crecimiento limitado no parece ser la falta de apetito por parte del sector privado, sino el diseño económico y de incentivos de la regulación.
La Ley del Sector Eléctrico (LSE) establece que los excedentes provenientes del autoconsumo interconectado —es decir, la energía que se genera y no se consume, por lo que se inyecta a la red— únicamente podrán venderse a un solo comprador: la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, la contraprestación se calcula utilizando el menor entre dos referencias previstas en la regulación y, sobre ellas, se aplican factores reductores del 10 por ciento o del 20 por ciento, dependiendo de la tecnología utilizada, con la potestad de la CFE de determinar si se genera o no y de si se paga o no.
En otras palabras, no existe competencia por esos excedentes, ni un mecanismo que permita reconocer su valor económico, ni certidumbre sobre una contraprestación que permita recuperar los costos.
Desde la perspectiva de cualquier empresario, no existe un incentivo financiero racional para un proyecto de autoconsumo que limita los ingresos de un porcentaje relevante de su inversión.
Este tema adquiere una relevancia aún mayor en el contexto del T-MEC. Mientras Estados Unidos promueve esquemas que incentivan la generación distribuida, el almacenamiento y la inversión privada para fortalecer su industria, México envía una señal distinta.
De acuerdo con el Electric Power Annual 2024 de la U.S. Energy Information Administration (EIA), la generación eléctrica producida por la industria y el comercio, junto con la generación solar distribuida de pequeña escala —que incluye tanto la energía autoconsumida como los excedentes inyectados a la red por los prosumidores—, alcanzó aproximadamente 236 TWh durante 2024. En conjunto, representó alrededor del 5.4% de toda la generación eléctrica de Estados Unidos.
En términos de escala, esa generación equivale aproximadamente al 65.6% del consumo bruto de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional mexicano en 2024, que fue de 359.8 TWh. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede competir una empresa mexicana frente a una empresa estadounidense cuando no cuenta con un marco regulatorio que incentive, en la misma medida, la inversión en generación de electricidad para autoconsumo?
Las empresas que hoy deciden dónde instalar sus nuevas inversiones evalúan la factibilidad eléctrica, la certidumbre regulatoria y la posibilidad de administrar eficientemente sus costos energéticos. Limitar el aprovechamiento económico de los excedentes reduce el atractivo del país frente a otros destinos de inversión.
La solución es eliminar el precio tope asociado a las subastas de largo plazo y permitir que los excedentes se remuneren a precios de mercado, mientras la CFE mantiene la representación de las centrales y cobra una tarifa sobre el Precio Marginal Local (PML). Esto permitiría que los proyectos de autoconsumo accedan a distintas alternativas comerciales y financieras para monetizar su energía, generando mayor certidumbre e incentivando nuevas inversiones. El mismo esquema debe aplicarse a la generación exenta, sin precios topados, para que ambas figuras puedan desarrollarse bajo reglas de mercado que reconozcan el valor real de la energía que producen.
Por ello, uno de los grandes pendientes nacionales debe ser revisar esta disposición. Fortalecer la competitividad nacional no significa restringir la inversión privada; significa crear reglas que permitan que el capital, la innovación y la energía trabajen a favor del desarrollo del país. El Plan México requiere mucha más generación en sitio, no menos.
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