A la memoria de mi cuñado Rafael Cano Franco, periodista ejemplar
En fechas recientes, la Cuarta Transformación mostró, vigorosa, el tamaño de su compromiso con el combate al crimen organizado al salpicarlo todo de la más rancia y trasnochada política de izquierda.
Ocurrió con el caso de Chihuahua, donde desde La Mañanera y pasando por las cámaras, intentó llevarse a la hoguera a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por haber incluido en un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos de drogas a cuatro agentes de la CIA, lo que calificaron como un atropello a la soberanía.
Senadores de la Comisión de Seguridad Pública la “invitaron” a acudir a una reunión de trabajo para explicar lo sucedido, lo que fue rechazado por la mandataria estatal al no estar obligada a presentarse.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas expuso que no tenían facultades para emplazarla a acudir; mientras que legisladores morenistas hablaban hasta de una violación a la ley por haber declinado la convocatoria.
Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a 50 personas relacionadas con el operativo en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fueron destruidos dos sitios que procesaban metanfetaminas.
Durante el trayecto, ocurrió un accidente carretero en el que murieron dos agentes de la CIA, aunque otros dos elementos también participaron junto a fuerzas estatales, federales y del ejército mexicano.
Según el vocero de la FGR, Ulises Lara, se “aplicará todo el peso de la ley ante posibles delitos contra la seguridad nacional” por la presencia de personas extranjeras.
Sin embargo, la presencia de agentes de la CIA y la DEA en México, se remonta prácticamente al momento en que nacieron ambos organismos norteamericanos, el primero en 1947 y el segundo en 1973.
Con el tema de fondo de la Guerra Fría, la agencia mantuvo presencia en el país con labores de inteligencia de movimientos de izquierda, de la diplomacia soviética y la influencia cubana. Documentos desclasificados ubican esta labor desde 1950 a través de la operación LITEMPO con estrecho vínculo con la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS).
La DEA, por su parte, también mantenía fuerte presencia en México que fue detallada en su momento por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La relación tuvo un momento de gran confrontación en 1985 con el secuestro, tortura y muerte del agente Enrique Kiki Camarena, quien investigaba al Cartel de Guadalajara.
La otra cara de la moneda para la Cuarta Transformación sucedió con la acusación de un fiscal de Nueva York, que solicitó la detención con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, incluido el alcalde de Culiacán, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La presidente Sheinbaum advirtió que si no hay pruebas es sólo política; Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, informó que no hay pruebas para proceder a las detenciones, lo que fue secundado por Luis María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia y ex dirigente nacional de Morena.
Aunque el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, pidieron licencia, otros acusados, como el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro y el senador morenista Jorge Inzunza, continúan en los cargos.
Contra Rocha Moya, la acusación señala presunta protección política al cártel, tolerancia deliberada a sus actividades y uso de su influencia para impedir acciones de seguridad en zonas controladas por la organización. Los demás señalados habrían colaborado con facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente con el grupo conocido como Los Chapitos, facilitando operaciones criminales desde posiciones de poder público.
Y a diferencia del caso de Chihuahua donde ya hay 50 personas citadas, en la acusación proveniente de Estados Unidos existe una clara intención proteccionista, tal vez haciendo eco de lo que sostuvo Rocha Moya antes de irse: “éste es un ataque al movimiento”.
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