La reforma política que modificó el calendario de los períodos de gobierno en Jalisco, podría convertirse este fin de año en una auténtica tragedia.
Decenas de ayuntamientos se encuentran al borde de la “quiebra” y no podrán hacer frente por ejemplo al pago de los sagrados aguinaldos de miles de burócratas municipales.
El Congreso del Estado modificó a partir del proceso 2012-2015, el tiempo para los alcaldes y redujo a dos años nueve meses el periodo con lo que concluyeron el último de septiembre para que tomaran posesión las nuevas autoridades partir del primero de octubre.
Esta situación provocó que las administraciones que terminaron ejercieran el presupuesto anual en nueve meses y no provisionaran los recursos para concluir los tres meses del año donde figura el pago de aguinaldos.
Además, decenas de ayuntamientos enfrentan adeudos a proveedores, al IMSS, Pensiones y a Hacienda, situaciones que ha llevado a las actuales autoridades municipales a abrir procedimientos administrativos y hasta interponer denuncias por posibles casos de peculado.
El mismo alcalde tapatío Enrique Alfaro, anunció que presentarán denuncia contra el ex alcalde Ramiro Hernández y sus colaboradores por haber omitido el pago de las cuotas de Pensiones del Estado por 120 millones de pesos, situación que desde el 2014 se considera como delito.
El problema de fondo de haber recortado el período de enero a septiembre en lugar de diciembre, tuvo que ver con que los legisladores no previeron este tipo de situaciones. Los diputados no modificaron a la Ley de Presupuesto y Gasto público y la Ley de Hacienda Municipal para establecer el año de gobierno a partir de tomar posesión y hasta el mes de septiembre para que los presupuestos se ajustaran a ese tiempo.
De esta forma, las nuevas autoridades que tomaron posesión en octubre, encontraron las arcas vacías y numerosas deudas. En Tonalá por ejemplo, la herencia dejada por Jorge Arana suma más de mil 200 millones de pesos e impide que Sergio Chávez pueda cubrir los aguinaldos y tenga que recurrir a un adelanto de participaciones para sacar adelante los pagos de fin de año.
Y es que los ayuntamientos tienen dos momentos vitales en su ejercicio anual: el primer trimestre del año cuando reciben la mayor parte de su presupuesto vía el pago del predial y las participaciones estatales y federales.
En el caso de los recursos estatales y federales, son recursos etiquetados para proyectos o programas específicos que no pueden desviarse para gasto corriente.
La segunda etapa es en fin de año cuando hay que pagar los aguinaldos y el municipio no tiene ya ingresos.
Al entrar las nuevas administraciones encontraron un panorama desolador. Un ejemplo escandaloso es Zapopan, donde Héctor Robles dejó 250 millones de pesos en obras sin pagar y deudas a proveedores por cien millones de pesos.
Entre los adeudos, figura el programa Jóvenes con Porvenir que tanto presumió el ex alcalde y que hasta le valió jornadas sentimentales con llanto incluido, pero que al final no cumplió con las universidades a las que no pagó más de 18 millones de pesos de las becas de los jóvenes.
Entre las deudas, figuraba también una por software por 23 millones de pesos que fue un botón de muestra de lo que fue su administración.
A lo largo de su trienio, fueron meses los que todo el sistema de pagos del ayuntamiento vivía una parálisis ya que no pagaba al proveedor del software donde corrían todas las operaciones administrativas y financieras del municipio.
El problema para decenas de ayuntamientos de Jalisco, es que no se vislumbra un plan de rescate para el cierre del año y los aguinaldos estarían en riesgo.
(Lo invito a que me lea, escuche y vea en www.paraleloveinte.com).
martinezmcarlos@hotmail.com