Aunque en teoría nació en 1994 para salvaguardar la denominación de origen de la bebida nacional, el Consejo Regulador del Tequila (CRT), al menos por omisión, no ha frenado los graves daños ambientales causados por las vinazas derivadas de dicha industria.
Con una producción anual de unos 600 millones de litros de tequila, genera también más de 9 mil millones de litros de vinazas al considerar que por cada unidad elaborada, los residuos líquidos resultantes de la destilación ocasionan entre 12 y 15 litros de contaminantes.
De color oscuro, acidez y altas temperaturas al ser descargadas, la mezcla química demanda gran cantidad de oxígeno que arrebata de aguas de ríos o arroyos y provoca elevada mortandad de peces, como ha quedado acreditado en más de un ecocidio.
Casos como el de los arroyos de Atizcoa y Las Ánimas en Tequila, donde descubrieron que por años las vinazas de fábricas de la zona contaminaron estos afluentes; o las 60 toneladas de peces muertos en la presa de San Onofre, en Ayotlán, donde pescadores habían denunciado las descargas directas a ese embalse por parte de empresas tequileras.
Existen otros daños al medio ambiente al ser arrojadas las vinazas sobre zonas agrícolas, ya que estos químicos y las grasas que contienen forman una película impermeable que impide la absorción del agua y en época de estiaje, son material de fácil combustión para los incendios forestales.
Aunque los 125 municipios están comprendidos dentro de la denominación de origen de la bebida, apenas unos 20 son los principales productores de tequila, y de éstos apenas diez concentran los mayores volúmenes.
Según datos reportados por las autoridades, en 2024 solo 60 empresas generaron casi seis mil 200 metros cúbicos de vinazas y los municipios detectados con más contaminantes fueron Tequila, Atotonilco el Alto, Arandas, Tepatitlán de Morelos y Amatitán. En estos cinco, 40 compañías produjeron el 80 por ciento de todas las vinazas.
De acuerdo con el marco legal en México, las empresas tequileras tienen la obligación de tratar sus aguas residuales, pero no lo hacen porque la tecnología y plantas de tratamiento representan una fuerte inversión.
El Consejo Regulador del Tequila está perfectamente enterado del problema de la contaminación que causa la industria, pero insiste que son las pequeñas y medianas empresas las que eluden la responsabilidad de tratar sus desechos y argumenta que las grandes casas productoras sí cumplen con esta disposición ambiental.
Sin embargo, agricultores han denunciado que grandes firmas han subcontratado empresas que recogen las vinazas para supuestamente llevarlas a sus plantas para el tratamiento, pero fueron descubiertas descargando los desechos en campos de cultivos, ríos y arroyos.
La Ley de Aguas Nacionales, en su Artículo 88, señala que está prohibido descargar aguas residuales en cuerpos receptores sin permiso y sin cumplir las condiciones establecidas por la autoridad. De manera específica, la NOM-001-SEMARNAT-2021 fija los límites máximos permisibles de contaminantes en descargas a cuerpos de agua nacionales. Las vinazas, por su carga orgánica y acidez, requieren tratamiento previo para ajustarse a estos límites antes de cualquier vertimiento.
Por los años que tienen incumpliendo las leyes ambientales, las compañías serían merecedoras de multas por cientos de millones de pesos o hasta responsabilidad penal contemplada en el Código Penal Federal en su artículo 414 por daños al medio ambiente.
La Dirección General de Normas y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios tienen los atributos para verificar y sancionar a las empresas, lo que no ha sucedido.
Por eso, ahora que desde la Cámara de Diputados pretenden acotar las funciones del Consejo Regulador del Tequila como asociación civil que invade atribuciones del gobierno federal, sería bueno revisar las omisiones hacia las grandes casas productoras de tequila y la contaminación por vinazas.
Aunque podría tener cierta lógica, porque son parte del CRT.
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