La más grave tragedia que marca desde hace varios años la vida pública de Jalisco ha tocado fondo, cuando tras los desaparecidos, se han “normalizado” el encuentro de restos en fosas clandestinas.
Con la simpleza de ser una comunicación constante, la semana pasada, por medio de Whatsapp, los periodistas recibimos un lacónico mensaje de una organización de buscadores, seguido de unas fotos: “encontramos restos”. Esto ocurría en Tlajomulco.
Dos días después, otro envío de fotos con restos humanos, ahora en un barranco en Zapopan.
Lo cierto es que, en los últimos años, la Fiscalía del Estado, con el brazo técnico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no se da abasto con el tema de los frentes de procesamientos de inhumaciones clandestinas, la mayoría de éstas localizadas por agrupaciones de buscadores.
Lamentablemente en el epicentro de esta terrible crisis de desaparecidos figura Tlajomulco con el mayor número de fosas clandestinas localizadas. De 2018 a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, son al menos 97 fosas encontradas en ese municipio, lo que significa el doble de las halladas en Zapopan, con 46, el segundo lugar en el estado.
Tan solo en lo que va de 2026, son 19 sitios con restos inhumados clandestinamente, 10 están en Tlajomulco en colonias como Real del Valle, Chulavista, Alta California, Santa Fe y Balcones de Santa Anita.
La crisis no es por supuesto atribuible a esta administración municipal, sino que es un cúmulo de malas decisiones de pasados gobiernos donde convergen la corrupción, indolencia y complicidades. Esto derivó en fraccionamientos “monstruos” como Chulavista y Santa Fe, con miles de viviendas abandonadas y convertidos en caldo de cultivo para el crimen y “casas de seguridad” donde fueron localizadas varias de estas fosas.
Grupos buscadores han denunciado además la poca disposición de los peritos en las zonas de hallazgos de restos o cadáveres. En ocasiones, por presiones de éstos, regresan a lugares a continuar con excavaciones donde suelen hallar más cuerpos.
Pero el clímax de la crisis de la inseguridad sucede en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que desde hace tiempo fue rebasado por el cúmulo de trabajo y las carencias de equipo humano y técnico para abatir el rezago.
En varios expedientes, las familias denunciaron que entregaron muestras de ADN desde los primeros meses de desaparición y aun así los procesos de identificación tardaron años. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos donde hubo errores en registros de tatuajes, prendas, fotografías o huellas, además de expedientes incompletos y deficiencias tecnológicas para cruzar información genética.
El caso de Concepción Belmontes, “Conchita”, que desde 2016 tenía a su hijo Juan Antonio Olmeda Belmontes desaparecido, y que en mayo de 2026 le dijeron que los restos estuvieron en el Servicio Médico Forense (Semefo) desde hace 10 años, sólo es una de las muchas historias registradas en ese sitio.
A la señora Rosa Tapia Navarro, por ejemplo, le entregaron el cadáver de su hijo en 2018, pero en 2024, seis años después, le avisaron en el Semefo que había que exhumarlo porque le habían entregado un cuerpo equivocado. Sin embargo, luego se lo regresaron de nuevo con la explicación que siempre sí era el bueno y que tenía que sepultarlo otra vez. Nunca cubrieron los gastos de la pifia.
Cada martes, en las afueras de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hay una presencia muy sentida de organizaciones de familias buscadoras que acuden a ejercer presión para que avancen procesos de búsqueda, confrontas y labores de identificación en ese lugar.
La protesta cada vez es más ignorada hasta por medios de comunicación que acuden cuando de pronto sube de tono el reclamo o cierran las avenidas cercanas.
En el colmo de “normalizar” la crisis de desaparecidos, fosas y labores forenses, la más grave de las afrentas hacia miles de familias en Jalisco, comienza también a ser, tristemente, noticia de segundo plano.
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