El caso de un hombre de 87 años que habría sido víctima de una intrincada maniobra para despojarlo de su propiedad en Puerto Vallarta se ha convertido en un auténtico “polvorín” que incendia las redes sociales, genera marchas y podría llegar a la Cámara de Diputados.
Juan Ramírez López, un octogenario postrado en silla de ruedas y afectado por numerosos problemas de salud, fue desalojado el 15 de julio pasado de la finca donde residía a manos de su propia familia, en un extraño proceso que mantiene sospechas de omisiones y parcialidad de autoridades involucradas.
La historia se remonta a diciembre de 2018, cuando debido a deudas y gravámenes que tenía el inmueble por más de 400 mil pesos, Juan Ramírez López recibe la propuesta de sus familiares para seguir una estrategia legal y blindar la propiedad de embargos por el riesgo de perderla a manos de acreedores.
De esta forma, el 6 de diciembre de 2018 cede a su esposa los derechos sobre el bien inmueble y el 8 de marzo de 2019 se formaliza la transmisión total a favor de su nieta, Ihara Maday Rodríguez Ramírez, mediante escritura pública 46,376.
Según Don Juan, como abiertamente se le conoce en las redes sociales, tanto él y su esposa habrían consentido el mecanismo familiar de protección de la finca, la liquidación de pasivos y posterior rendición y distribución de las cuentas, ya que se trataba supuestamente de una operación temporal.
Sin embargo, el hombre considera que fue víctima de un engaño ya que tras la muerte de su esposa enfrentó el proceso para ser desalojado de su finca ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas de Puerto Vallarta y conocida por sus dos frentes: avenida Las Américas número 455 y calle Costa Rica número 1622, la cual cuenta con locales y departamentos en renta.
A pesar de que Juan Ramírez López había interpuesto una denuncia contra el despojo, autoridades civiles decretaron el 24 de mayo de 2024 su lanzamiento, lo que fue ratificado por la Octava Sala del Poder Judicial, luego que la nieta dejara sin efecto un “comodato verbal” donde supuestamente le permitía seguir residiendo en el lugar.
El 15 de julio de 2026, en un acto difundido en vivo por redes sociales habitantes de Puerto Vallarta fueron testigos indignados de cómo un anciano de 87 años, con hipertensión arterial, problemas prostáticos, prótesis de rodilla, ansiedad y depresión, era sacado en silla de ruedas de su casa y sus pertenencias colocadas en la vía pública.
Ahora, Don Juan ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Jalisco contra los servidores públicos que resulten responsables de omisiones y actos deliberados para favorecer a particulares en agravio de su derecho a la justicia.
Los hechos están relacionados con la carpeta de investigación 2522/2022-C, carpeta administrativa 14/2023, amparo indirecto 888/2023; expedientes civiles 201/2023 y 156/2024; amparo 607/2023-VII, el amparo 851/2026, toca 24/2025 y el lanzamiento practicado el 15 de julio de 2026.
La denuncia pide que la investigación incluya al agente del Ministerio Público, al personal del juzgado segundo y primero de lo civil, personal de Procuraduría Social, integrantes de la Octava Sala y autoridades judiciales y de seguridad pública que efectuaron el lanzamiento.
Entre las irregularidades destaca el hecho de haber ignorado la condición de adulto mayor y sus vulnerabilidades, amparadas en la ley de la materia y convenciones internacionales firmadas por México.
El diputado federal Bruno Blancas recibió de ciudadanos de Puerto Vallarta una iniciativa de ley para llevar a la Cámara de Diputados el caso de Don Juan, proteger a los adultos mayores en situación vulnerable y evitar que puedan repetirse este tipo de despojos en el país.
El abogado Maximiliano Lomelí Cisneros menciona que las personas pueden donar, pero no pueden causarse a ellos mismos un quebranto; en este sentido, recuerda a los adultos mayores que es posible la reversión de la donación, sobre todo cuando implica quedarse en la calle.
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