Tanto la ciudad de León como Guadalajara, enfrentan la misma paradoja respecto al Zapotillo: ninguna ha recibido agua de la presa.
El 14 de agosto de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba la cancelación del proyecto del acueducto de 140 kilómetros que llevaría 3,800 litros por segundo desde el embalse que se construía en el río Verde en Jalisco a la sedienta ciudad guanajuatense.
Durante años, autoridades y habitantes de esta ciudad, confiaban en esta fuente de abastecimiento con base en el decreto expedido en 1995 por Ernesto Zedillo que en la distribución de volúmenes de la cuenca reservaba 120 millones de metros cúbicos para León.
La empresa española Abengoa ganó en octubre de 2011 la licitación para construir el acueducto con un costo inicial de seis mil 867 millones de pesos. Pero la virtual quiebra del grupo y falta de liberación de derechos de vía, motivó que la compañía renunciara a la concesión obtenida, pero no al dinero.
El fideicomiso creado en Guanajuato para apoyar el proyecto le entregó 680 millones como adelanto y el SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León) otros cien millones y todavía el grupo español demandó al gobierno federal por cinco mil millones de pesos como compensación de una obra que jamás construyó.
Tras quedarse sin la posibilidad de recibir agua del Zapotillo, León ha mantenido una auténtica travesía en búsqueda de conseguir otras fuentes de abasto. Primero, por medio de las mismas redes de SAPAL que buscan hacer más eficiente su distribución y aplicar la nanotecnología para tratar y generar el líquido para enviarlo a la presa El Palote y después potabilizarlo.
Pero para este proyecto ya fluyeron más de 380 millones de pesos y todavía no puede utilizarse. Otra estrategia es la perforación de más pozos, con el riesgo de contaminación por mayor profundidad; otra alternativa es tecnificar el sistema de riego del distrito 011 donde según estadísticas oficiales por sus canales actuales se registran pérdidas hasta del 40 por ciento de los volúmenes.
Y, por último, el proyecto de otro acueducto, esta vez de la presa Solís, mismo que llevaría agua a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, en un recorrido de 187 kilómetros y con una inversión de más de 15 mil millones de pesos.
Sin embargo, también León está enredado con este otro acueducto. Productores agrícolas de la región de Acámbaro y del distrito de riego rechazan la obra por el temor de ver reducida el agua para sus cultivos. Pero no solamente es Guanajuato, la insurgencia también llega a Jalisco, donde habitantes de la ribera de Chapala, autoridades municipales, productores, pescadores y organizaciones ambientalistas, manifiestan desacuerdo con la obra al formar la presa parte del sistema que alimenta al lago.
Hasta el gobernador Pablo Lemus ha planteado al gobierno federal reconsiderar el acueducto de Solís por las implicaciones para Chapala. Hay algunas versiones periodísticas que mencionan que contra este proyecto se habrían tramitado miles de amparos.
Ante estas presiones, las autoridades de Guanajuato estudian otras alternativas incluida posar de nuevo los ojos en el agua de la cuenca del río Verde.
Y es que mientras no sea derogado el decreto de Zedillo que otorga un porcentaje de agua para León, esta posibilidad sigue firme para ser reclamada; además, existe el convenio de entendimiento firmado el 29 de junio de 2019 por el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, donde Jalisco recibiría el 76 por ciento del agua de la cuenca y León el 24 por ciento.
Curiosamente, aunque la presa El Zapotillo fue inaugurada en 2024, por falta de infraestructura eléctrica y otras obras del gobierno federal, sigue sin enviar agua a la capital de Jalisco, mientras que, en León, cinco años después de cancelarse el acueducto, todavía no tienen el cauce definido y algunos proyectos las autoridades estatales prefieren mejor mantenerlos en secreto, para evitar que “hagan agua”.