En el polémico proyecto de Mirador de San Isidro donde los vecinos frenaron de momento la construcción de diez edificios que albergarían 200 departamentos, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) asegura que no está obligado a tramitar nuevas licencias, estudios de impacto ambiental o poner a consulta la ejecución del desarrollo habitacional.
Los habitantes de la zona que rechazan el proyecto, argumentan afectaciones ambientales por la cercanía a un arroyo, la carencia de licencias y no respetar el destino original de los terrenos que, sostienen, tendrían que ser para áreas verdes.
En una ficha informativa enviada por el IJALVI al Congreso del Estado (cuya copia posee este columnista), el organismo hace precisiones sobre las demandas de los vecinos y concluye que, al contrario, se trata de un predio que por más de 30 años fue un foco de infección, inseguro y desaprovechado.
Argumenta que todos los estudios ambientales, de movilidad, de riesgos y autorizaciones referentes a la urbanización de las más de 12 hectáreas que abarca el desarrollo, se dieron desde hace 32 años cuando se otorgó la licencia de urbanización del fraccionamiento Mirador de San Isidro con folio 02857 del 28 de julio de 1994.
Los terrenos que mencionan que fueron donados para áreas verdes, en realidad fueron otorgados al estado de acuerdo con la Ley de Fraccionamientos que obligaba a ceder el cinco por ciento de la superficie total para equipamiento escolar.
Según el artículo 33 de la citada ley, las áreas donadas son exclusivamente para construir escuelas, pero también aclara que, si no existiera necesidad de más planteles en el sitio, el ejecutivo podrá disponer del predio, pero con autorización del Congreso del Estado, lo que afirman ocurrió mediante los oficios 0197/065/2026, 194/65/2026 y 0557/7/2026.
Es por eso que en la ficha informativa menciona que, tras la cancelación del destino por parte del congreso, obtuvieron el dictamen favorable de usos y destinos 09050200/UAGU/DICT/2026/2-0018 el 30 de abril de 2026 que declara procedente el terreno para uso habitacional plurifamiliar vertical de densidad alta H4V.
De la misma manera, informan a los diputados que recibieron la factibilidad del SIAPA, de la Comisión Federal de Electricidad, de movilidad y licencia de construcción para movimientos de tierras en oficio O/D-1246-26/JL para el inicio de obras el 22 de julio de 2026 que, al no ser sótanos o excavaciones profundas, no se requiere un estudio de impacto ambiental.
También precisan que no hay fundamento que establezca que el Gobierno del Estado o el IJALVI, esté obligado a socializar la construcción de un desarrollo habitacional, por lo que aclara que jurídicamente debe distinguirse entre socialización para informar o difundir asuntos de interés público o un procedimiento formal y obligatorio mediante el cual la ciudadanía debe aprobar o rechazar un proyecto.
Aclara que esto no significa que no hayan informado del desarrollo y enumera nueve acciones y reuniones para hablar del tema, incluidas visitas a los vecinos y sesiones con ellos para exponer detalles.
El documento concluye: el Instituto Jalisciense de la Vivienda, no se encuentra obligado por disposición legal a poner a consideración del escrutinio público la ejecución del desarrollo habitacional.
Sin embargo, lo que no dijeron, es que el programa Legado, que busca dotar de departamentos a policías y sus familias, responde a un concepto antiguo de vivienda gremial que propicia la segregación social.
El insensato modelo, reuniría a policías en un solo sitio, lo que haría vulnerable a sus familias y a los vecinos de Mirador de San Isidro, ante eventuales agresiones del crimen organizado, además de la movilización diaria de patrullas en el lugar.
Esquemas modernos de urbanismo, prefieren colonias mixtas, donde habitan todo tipo de profesionistas, lo que podría conseguirse simplemente con créditos flexibles para que los policías compren sus viviendas donde prefieran, sin tener que cambiar de municipio.