Parte central de la transformación de la vida pública del país, además de revaluar la importancia de la democracia participativa, consiste en redefinir la relación entre el poder político y el poder económico. Cada quién debe de jugar su papel y ambos deben de retribuir a la sociedad, este último en la generación de riqueza, siendo parte del desarrollo del país, sin dejar a ningún mexicano atrás.
Este cambio implica erradicar la manera en cómo las fortunas eran amasadas al amparo de favores del poder público, el tráfico de influencias y, en el caso de la vivienda, de la destrucción del territorio.
En muchas ocasiones, he recorrido docenas de fraccionamientos con filas interminables de viviendas abandonadas, ocupadas, muy lejos de sus centros de trabajo, sin servicios públicos, con sus familias atrincheradas para que los delincuentes no les roben lo poco que tienen.
Basta trasladarse 45 minutos desde el centro de zonas urbanas como Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Tijuana, Guadalajara, entre muchas otras para conocer de primera mano, las cicatrices del modelo expansivo de vivienda impulsado en los sexenios de los ex presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto. He escuchado los testimonios desgarradores de muchos mexicanos y sus familias con quienes el Infonavit tiene una deuda moral y social incuantificable. Es un legado oprobioso y una situación frustrante e indignante.
Santa Teresa en Huehuetoca, Los Jazmines en Mexicali, Lomas del Mirador en Tlajomulco, Villas del Pedregal en Morelia, Colinas del Sol en Almoloya de Juárez y Ciudad Primavera en Xalapa son ejemplos de enormes fraccionamientos en donde encontramos mezcal de viviendas habitadas, miles abandonadas y la omisión de autoridades municipales para proveer servicios. Fueron construidos en sexenios pasados con la promesa de que los desarrolladores podrían venderlas con créditos otorgados por el Infonavit. El saldo de esta política de vivienda inmoral es de cientos de miles de viviendas abandonadas que podrían albergar a la población de ciudades como Puebla o León.
Hoy estamos eliminando de la mano de los sectores obrero y empresarial, con el impulso de la reforma a la Ley del Infonavit propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los mecanismos que permitieron esta herencia vergonzosa. Sin embargo, también es urgente identificar y reconocer los errores cometidos en el pasado, y hacer lo que esté en nuestras manos para que se castiguen y nunca más se repitan.
Lo afirmo con absoluta convicción: SÍ a la vivienda social como un mecanismo legítimo de plusvalía para quienes la desarrollan, pero decimos un NO rotundo a los mercaderes de la vivienda que tuvieron la indolencia de expandir sin planeación las ciudades, construyendo sin decoro alguno, casas sin servicios, sin acceso a transporte público y con condiciones ínfimas de seguridad y calidad.
Es tan sencillo como esto, que bien podría ser el nuevo mandamiento de cualquier constructor o desarrollador en México: no construirás una vivienda que tú no habitarías con tu familia.
En eso estaré pensando durante la consulta popular de este domingo.
Carlos Martínez Velázquez
*Director general del Infonavit