La política de vivienda puesta en marcha en este gobierno tiene como objetivo atender a más personas y focalizar la atención en donde hay mayor rezago habitacional. Los resultados son tangibles a prácticamente cinco años de su implementación. Datos del Coneval muestran que el rezago habitacional bajó de 27.55 por ciento a 24.28 por ciento, lo que significa que hay más familias que viven en espacios adecuados y habitables. El logro lo atribuyo principalmente a dos factores.
Por un lado, se reorientó el subsidio federal que existía en materia de vivienda. Se crearon programas para atender a la población que no cotiza en la seguridad social, nació el Programa de Vivienda Social, el Programa Nacional de Reconstrucción y los subsidios para mejora. Con ello se atendió por primera vez a quienes nunca habían tenido la atención del Estado, a la par que Infonavit y Fovissste cambiamos nuestro marco normativo para hacer más inclusiva la oferta de crédito.
El segundo factor ha sido incluir la perspectiva de planeación urbana en todas nuestras acciones, desde el Programa Nacional de Vivienda, en temas como el otorgamiento de créditos. En Infonavit establecimos que no se podían otorgar créditos si la casa no contaba con todos los servicios básicos y se ubica cerca de escuelas primarias, mercados, espacios públicos y transporte. Además, se revisa el Atlas Nacional de Riesgos para evitar que se otorguen créditos en zonas inundables o sísmicas de riesgo.
Todo lo anterior, no estaba vigente en 2014, cuando se planeó Pedregal de Cantaluna en Acapulco. Este proyecto se ofreció como algo innovador, ecológico y que garantizaría la calidad de vida de las personas.
Hoy sabemos que se construyó sobre suelo cavernoso y no apto para vivienda, que el constructor pasó por alto el plan de desarrollo urbano de la época para construir más niveles de lo permitido, y que usó materiales que no eran acordes a las condiciones de la zona. Un típico ejemplo de corrupción que era posible en complicidad con autoridades de todos los niveles de gobierno, tan es así que el sexenio pasado se le otorgó el Premio Nacional de Vivienda.
Desde el temblor del 7 septiembre de 2021, las fallas fueron evidentes. Al día siguiente del siniestro instalamos mesas de atención para las familias y 240 de ellas reportaron afectaciones que, en su momento, pagó el seguro de daños. Pasaron los días y aprobamos la suspensión de pagos de 396 créditos vigentes en ese momento.
Por instrucción del Presidente López Obrador, se inició un trabajo coordinado con Sedatu, Protección Civil, Conavi, Fovissste, y las autoridades estatales y municipales. Se convino hacer dictámenes sobre el suelo y las fallas que presentaban las viviendas. Los resultados fueron contundentes: el desarrollo era inhabitable. Con esto nos ocupamos de diseñar mecanismos que permitieran a las familias salvaguardar su vida y contar con recursos para mudarse a un lugar seguro.
En el caso del Infonavit, en abril de 2023 el Consejo de Administración resolvió de forma histórica cancelar los 400 créditos activos dentro de la unidad habitacional. Además, se decidió reintegrar a cada familia los pagos que había hecho al crédito desde 2015. Estos recursos están disponibles en la subcuenta de vivienda que cada persona tiene en el Instituto. Finalmente, a todas las familias se les garantizó un crédito del mismo monto que el original, con el que podrán comprar una casa o terreno en cualquier parte del país.
Hemos buscado a cada una de las y los acreditados para asesorarlos sobre su caso. Además, contamos con mesas de atención permanentes en la delegación Guerrero, en Acapulco.
Hacemos un llamado a todas las personas para ponerse en contacto directo con nosotros y explorar la mejor alternativa para consolidar su patrimonio.
La transformación en materia de vivienda es profunda y haría improbable un caso como Cantaluna. Hoy como nunca Sedatu e Infonavit han invertido en generar nuevos planes de desarrollo, establecer reglas que eviten la construcción en zonas de riesgo y garantizar los servicios básicos a la vivienda. La garantía de la no repetición de situaciones como las de Cantaluna es un compromiso de este gobierno con el derecho de las personas a contar con una vivienda adecuada.