La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la última edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Se trata de un ejercicio trimestral que revela datos clave sobre la percepción de inseguridad en 74 centros urbanos del país y en las 16 demarcaciones territoriales de Ciudad de México. Es uno de los mejores termómetros que tenemos para revisar el estado de la seguridad pública en el país.
El resultado más revelador es que la percepción de inseguridad pública se colocó en su punto más bajo desde que se realiza este ejercicio (2013). Según la encuesta, el 59.1 por ciento de los y las mexicanas que viven en centros urbanos consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Se trata de un número notablemente menor al 73.7 por ciento que contestó positivamente a esa pregunta en diciembre de 2018.
Más importante que el resultado es la tendencia. Desde hace varios trimestres, las diferentes ediciones de la ENSU muestran una disminución en la percepción de inseguridad. Ésta comenzó en el segundo semestre de 2019, se potenció durante la pandemia y —para sorpresa de muchos— se ha mantenido a lo largo de los últimos dos años.
La disminución en la percepción de inseguridad está acompañada de datos que invitan al optimismo moderado. Entre julio de 2018 (máximo histórico) y diciembre de 2024 se registró una reducción del homicidio doloso de casi 25 por ciento. Asimismo, en el mismo periodo, la incidencia de delitos del fuero federal y del fuero común se redujo en más del 30 por ciento. El secuestro y robo de automóviles también ha caído notablemente. La percepción está acompañada de datos duros.
Los buenos números encuentran su límite en el avance de la extorsión en varias partes del país (Michoacán, Guerrero, Estado de México) y en el incremento de tensiones entre organizaciones criminales en otras regiones (Tamaulipas, Chiapas). Además, la mejora que muestran los datos de ENSU no se ha extendido de forma homogénea en todo el país. Así, por ejemplo, en centros urbanos como Tapachula, Irapuato y Naucalpan la percepción de inseguridad rebasa el 80 por ciento. Un caso extremo es Fresnillo, donde el 96.4 por ciento de sus habitantes considera que vivir en esa ciudad es inseguro. En contraste, La Paz, Piedras Negras, Puerto Vallarta, Mérida y Saltillo aparecen como centros urbanos en los que menos del 25 por ciento de su población se siente insegura. Qué duda cabe: en México caben muchos Méxicos.
Ahora bien, ¿cómo explicar la modesta, pero notable, mejora de los índices de seguridad en el país? Apunto, a continuación, tres hipótesis de trabajo destinadas a ser analizadas con mayor profundidad en el futuro.
La primera explicación está en la mejor coordinación entre autoridades. En la mayoría de las entidades federativas se logró consolidar el trabajo de coordinación que realizan el gabinete de Seguridad, las 32 Mesas de Seguridad para la Construcción de Paz y las 266 Mesas Regionales. Las mesas han suplido, en parte, la ausencia de una política criminal que logre focalizar y priorizar objetivos a nivel nacional. Entre otros logros, está la puesta en marcha de la Estrategia para la Construcción de Paz en los 50 municipios prioritarios. En cinco años, ha disminuido notablemente el homicidio doloso en 32 de éstos. El éxito se debe, en parte, a la articulación de las Mesas de Paz con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Bienestar que ha permitido encauzar a jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿El aprendizaje? La política social no puede reemplazar la política de seguridad. Y, sin embargo, sin política social no hay política de seguridad que funcione.
La segunda hipótesis que puede explicar la mejora en la percepción de seguridad está en los avances operativos de la Guardia Nacional. En los primeros años del sexenio, el proceso de organización de la Guardia fue lento y accidentado; más que a operar en territorio, sus mandos se concentraron en armar una institución desde cero. Y, aunque la Guardia Nacional aún no alcanza el nivel operativo y de articulación que tuvo en su momento la Policía Federal, en los últimos cuatro semestres ésta ha mostrado avances en su capacidad táctica y estratégica. Es importante que, con el nuevo gobierno, más allá de su color, la Guardia Nacional continúe su proceso de institucionalización. Un nuevo diseño organizacional sería trágico. En seguridad pública asumir nuevas curvas de aprendizaje es costoso.
Por último, hay una explicación anclada a las dinámicas propias de la actividad criminal. Como ha sugerido el analista Eduardo Guerrero, hay razones para pensar que la fase de expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha terminado. A diferencia de otras organizaciones criminales, las células vinculadas al CJNG se caracterizan por su violencia desenfrenada y confrontación con las distintas fuerzas de seguridad. De cara al futuro, su contención resultará fundamental para continuar con una tendencia positiva.
Es probable que México haya entrado en un ciclo de disminución de violencia similar al vivido entre 2011 y 2015. En ese periodo, el homicidio doloso se redujo en algo más del 20 por ciento. Lamentablemente, los avances se revirtieron en el último tramo de gobierno de Enrique Peña Nieto. Algo parecido puede suceder si el gobierno del presidente López Obrador no enfrenta de manera decidida los riesgos de violencia electoral que amenazan en el horizonte. El mapa de riesgos está claro: Zacatecas, Chiapas, Guerrero y el sur de Estado de México. El asesinato de candidatos, autoridades electas y operadores partidistas fue ya un tema que afectó la elección de 2021. No hay razón para que 2024 vaya a ser distinto.
El calendario electoral pondrá a examen la fortaleza de la política de seguridad del gobierno y, con ello, su narrativa optimista de cara al final del sexenio.