Entre los muchos retos que plantea la realidad social de este país se encuentra la falta de protección de muchas niñas y adolescentes, en casi todos los ámbitos de su vida: discriminación, deserción escolar, desigualdad, abuso sexual, embarazos no deseados y maternidad forzada, entre otros.
El Consejo Nacional de Población estima un aumento de 30% de los embarazos adolescentes no deseados, esto es, poco más de 29 mil nacimientos más a los proyectados para 2021; además, entre menor es la edad en la que ocurre la primera relación sexual, menor es la posibilidad de que usen algún método anticonceptivo, sea por ignorancia o por prejuicio, porque si las niñas desean acceder a ellos no son pocos los obstáculos con los que se topan, incluso en las clínicas públicas del ramo, ni se diga en casa.
Asumamos que cuando una niña o una adolescente queda embarazada, se ha fallado en el deber de garantizar sus derechos, porque esto la afectará en todos los sentidos. Estará expuesta a abandonar sus estudios; su incursión en el ámbito laboral no será en buenas condiciones; su salud y su vida estarán en riesgo, pues las complicaciones del embarazo y el parto son una de las principales causas de muerte en niñas y adolescentes.
Entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazo adolescente, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, a pesar de que es obligación del Estado proteger los derechos de las niñas, su salud y su vida.
El embarazo en niñas y adolescentes se relaciona con desigualdades sociales, pues es más frecuente en aquellas con acceso limitado a la educación sexual, de hogares pobres y en entornos con niveles altos de violencia, que las niñas o adolescentes que no viven estas vulnerabilidades.
Es hora de atender a fondo este fenómeno, desde todos los niveles de gobierno y de la sociedad, para asegurarles un desarrollo sano, libre de violencia y con la capacidad de tomar decisiones informadas e independientes sobre su salud reproductiva y su proyecto de vida.
No podemos permanecer inmóviles viendo que los embarazos y partos en niñas menores de 15 años aumentan como resultado de los altos índices de violencia sexual; menos aun cuando está comprobado que los agresores casi siempre son miembros de la familia o personas de su círculo cercano.
Además de actuar con eficacia en materia de prevención y atención, urge eliminar la revictimización que sufren al denunciar una violación; no deben ser condenadas a una maternidad que no desean ni a un matrimonio forzado, obligándolas a abandonar su futuro y a perder definitivamente su infancia y su juventud. Ellas merecen ser #NiñasNoMadres.
Carolina Monroy