El pasado 30 de diciembre de 2020, Argentina saldó una de sus deudas históricas con sus mujeres pobres. El país despenalizó el aborto cuando el Senado argentino aprobó el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández. Este permite el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y obliga a las entidades de salud a practicarlo si es necesario, incluso si alguno de sus médicos se declara en objeción de conciencia.
El caso de Argentina nos deja la lección de que hablar de la despenalización del aborto es hablar de cuidar la vida de las mujeres, y en particular de las mujeres que menos tienen. Con investigaciones oficiales de parte de la Secretaria de Salud, la oficina del presidente presentó un panorama en que la criminalización del aborto causó la muerte de 35 mujeres argentinas en 2018, mientras que el número de abortos clandestinos en el país era entre 350 mil y 500 mil. Igualmente, la organización de fuertes movilizaciones de mujeres le dio un rostro humano a esta crisis de salud y mostraron a las y los legisladores más renuentes a la legalización que ésta no obliga a las mujeres a abortar, sino que les abre un camino seguro para no morir por hacerlo.
El reto que enfrentamos en México en esta materia es complejo. Tenemos legislaciones estatales y federales desiguales, así como una falta de cifras y estadísticas oficiales que nos den panoramas completos sobre el aborto en nuestro país. En dos entidades se ha logrado la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y se permite hasta las 12 semanas de embarazo de forma libre, segura y gratuita: Ciudad de México y Oaxaca. No obstante, en general tenemos legislaciones punitivas. En la legislación federal solo existen tres razones para no castigar el aborto: por ser espontaneo, por ser producto de una violación sexual o por peligro de muerte de la madre. En los estados existen diversas causales para no castigarlo siendo la única valida en todo el país el aborto que se hace por ser producto de una violación.
En México no tenemos cifras concretas sobre el número de abortos clandestinos realizados. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 nos dice que al menos en los últimos cinco años poco más de un millón de mujeres en México tuvieron abortos. No obstante, no podemos saber si estos fueron de forma clandestina. También se reporta que entre 2002 y 2006 hubo 624 muertes registradas por aborto. Se cree que este dato es menor al real, pues no se cuentan las muertes por complicaciones de un aborto mal practicado, como lo son sepsis o hemorragias. Otro dato relevante es que la mayoría de las mujeres que murieron por aborto en México cuentan con menor escolaridad que la mexicana promedio. Por otra parte, practicarse un aborto en México de forma segura cuesta en promedio entre mil 950 y 6 mil 950 pesos, contando solo el gasto del procedimiento médico. De acuerdo con datos de Inegi solo cuatro de cada 100 mujeres ganarían lo suficiente como para poder pagar un aborto seguro. La penalización del aborto afecta de forma desproporcionada a las mujeres más pobres.
La criminalización del aborto, actualmente, ha sido una medida que más que proteger la vida termina discriminando y lastimando a las mujeres de escasos recursos de nuestro país. El tener una legislación dispar deja esta opción abierta solo a aquellas mujeres que tengan el suficiente recurso como para trasladarse a las entidades donde puedan practicarse la ILE. Igualmente, en la práctica, las causales relativas al aborto legal en México han sido ignoradas históricamente, o de difícil acceso para las mujeres que no cuentan con apoyo jurídico para accederlo. Esto lo sabe bien Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, quien hace 21 años, cuando tenía 13, sufrió una violación tumultuaria en Baja California y fue obligada por las autoridades panistas en el estado a tener a su hijo. Esto lo saben bien las 14 mujeres campesinas e indígenas que fueron encarceladas por homicidio por gobiernos panistas en Guanajuato, al sufrir de abortos espontáneos.
La posición sobre la despenalización del aborto se da en la noción de que debe haber educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, gratuito y seguro para no morir. Es asimismo una posición que pide se trabaje en todos los niveles de educación para la salud, a manera de crear las bases para que las mujeres puedan elegir de forma segura y plena sobre su sexualidad y maternidad. México es un país que tiene una gran deuda con las mujeres de escasos recursos. Pero a la vez tenemos una gran oportunidad: un gobierno federal y mayorías legislativas en los congresos que saben que primero deben ir las y los pobres. Es hora de ir saldando estas deudas: despenalicemos el aborto a nivel nacional.
*Especialista en temas de igualdad de género