El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Abril Cecilia Pérez Sagaón, de 46 años y madre de tres hijos, fue asesinada en Ciudad de México. Recibió dos disparos en la cabeza y otro en la espalda, y aunque fue trasladada con vida a un hospital, murió más tarde por la gravedad de las heridas. Viajaba con sus hijos y su abogado cuando una motocicleta con dos sujetos la interceptó y le dispararon. Acababa de salir de una audiencia por la custodia de sus hijos.
El asesinato de Abril se pudo haber evitado, su historia se remonta a una vida de agresiones por parte de su ex esposo. Uno de los ataques más recientes tuvo lugar en su hogar: mientras dormía, el padre de sus hijos la golpeó con un bate de beisbol e intentó estrangularla, pero gracias a la intervención de sus hijos no murió asesinada.
Después de esta agresión, Abril decidió interponer una denuncia contra su pareja por intento de feminicidio y le fue otorgada una medida cautelar que impedía a éste acercarse a ella, sus hijos y su casa.
Asimismo, decidió solicitar el divorcio y le fue otorgada la custodia de sus hijos, trasladándose, por miedo y precaución, junto con ellos a Monterrey.
Durante el proceso judicial, el agresor de Abril admitió ante el juez de control que pagaba a investigadores privados para que la vigilaran y siguieran, situación que Abril confirmó y mencionó “que no podía vivir en paz”.
El proceso continuó y el 20 de septiembre Juan Carlos García fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y trasladado al Reclusorio Oriente, como medida cautelar.
Sin embargo, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, Federico Mosco, reclasificó el delito a “lesiones y violencia familiar”, argumentando que si Juan Carlos García hubiera tenido intención de privarla de la vida, lo hubiera hecho desde el primer golpe, al encontrarse ella dormida”. Al parecer, para el juez el golpearla con un bate, cortarla con un bisturí y amenazarla de muerte no fue grave.
Sin embargo, el caso de Abril no era el primero en el que el juez Mosco dejaba en libertad a un hombre que violentó y abusó de una mujer, pues también otorgó la libertad a un médico que estaba preso por delitos de violencia agravada y abuso sexual contra una paciente, y no obstante que la defensa de la mujer contaba con las pruebas para sustentar la violación, Federico Mosco volvió a desestimar la gravedad de la violación y lo dejó en libertad.
El Poder Judicial de Ciudad de México, de manera tardía, informó de la suspensión del juez Mosco González y del inicio de una carpeta de investigación sobre su actuación, mientras que el Consejo de la Judicatura de Ciudad de México tomó la decisión de suspenderlo junto con el juez Luis Alejandro Díaz Antonio por estar involucrado en el caso de Abril.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México anunció que presentó una denuncia contra ambos jueces, cuyas resoluciones permitieron salir de prisión al hoy principal sospechoso de la muerte de Abril, su ex esposo.
A principios de diciembre, las autoridades emitieron una orden de aprehensión en contra del ex esposo de Abril Pérez debido a que incumplió con las medidas cautelares a las que estaba sometido y por no asistir a la audiencia que él mismo había solicitado. Por ello, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México solicitó una alerta migratoria en contra de él para evitar que saliera del país.
El ex esposo de Abril, a través de una carta dirigida a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la Fiscalía General de Justicia local negó estar involucrado en el asesinato de su ex esposa. De acuerdo con lo señalado en la misiva, aquel 4 de enero su ex esposa, luego de una discusión, tomó un cuchillo y se lo clavó en el brazo izquierdo, por lo que él acepta que la golpeó para defenderse. Asimismo, reprobó el asesinato de su ex esposa y pidió fuera aclarado. Hasta el momento, Juan Carlos García no ha sido localizado.
El juez Mosco González, al dejar en libertad a Juan Carlos García, hizo caso omiso del contexto, la violencia y agresiones constantes que vivía Abril por parte de su esposo y tampoco ponderó el riesgo en el que se encontraban ella y sus hijos; el juez debió de aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, además de instrumentar las medidas cautelares para personas bajo proceso penal.
Ante el alarmante incremento de feminicidios a escala nacional es urgente la profesionalización del Poder Judicial para juzgar con perspectiva de género, puesto que están en riesgo la vida de muchas mujeres y sus hijos, además de garantizarles el acceso a una vida libre de violencia a través del acceso a la justicia.
Los errores judiciales condujeron a la muerte de Abril, por lo que las víctimas indirectas de este feminicidio, sus hijos, deben ser cobijadas con todos los mecanismos posibles de protección para salvaguardar su vida, así como detener al agresor y evitar que algún otro impartidor de justicia cometa los mismos “errores y omisiones” que cuestan la vida de muchas mujeres en México; ellos, los jueces, también deben de ser juzgados y penalizados.
A más de dos meses de su feminicidio, no debe de olvidarse y mucho menos haber impunidad; la paz, la justicia e instituciones sólidas son un objetivo de desarrollo sostenible que beneficia a todas y todos.
* Especialista en temas de igualdad de género