Gracias a una queja presentada por una enfermera ante el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América tuvimos conocimiento de la existencia de una alta tasa de histerectomías y presunta negligencia médica practicadas en el Centro de Detención del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE), ubicado en el Condado de Irwin, en Georgia.
El informe realizado por la organización no gubernamental Project South se basa en las declaraciones realizadas por la enfermera Dawn Wooten, quien renunció al centro de detención hace unos meses y quien hoy es una testigo protegida. Dicho informe también incluye testimonios de otras mujeres a quienes se les extrajo el útero impidiendo con ello su posibilidad de embarazos futuros. Al parecer, estas mujeres, migrantes, al no hablar inglés y no proporcionarles un intérprete en su idioma no entendieron lo que se les decía por parte de los médicos. Tampoco tuvieron acceso a un tratamiento médico para su total recuperación y se desconoce si las operaciones fueron realizadas correctamente o si, por desgracia, algunas pudieron haber fallecido por complicaciones posteriores.
El médico señalado como responsable de realizar las histerectomías es el ginecólogo Mahendra Amin, sin embargo, su abogado, Scott Grumban, indica que su cliente niega todas las acusaciones realizadas al respecto y confía en que se demuestre que no hizo nada incorrecto.
Al conocerse esta denuncia, los congresistas estadunidenses empezaron a delinear sus posiciones al respecto. De acuerdo con una declaración de la congresista Pramila Jayapal, conversó con tres abogados de mujeres migrantes quienes presuntamente fueron sometidas a histerectomías en dicho centro, además de otros abogados que en total representan a entre 17 y 18 mujeres, quienes también fueron obligadas a someterse a dicho procedimiento quirúrgico. Según Jayapal, las pruebas de los abogados demuestran que se trata de un patrón de conducta e hizo un llamado para que se realice una investigación por parte del Congreso. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, también condenó este tipo de prácticas realizadas en contra de la voluntad de las mujeres migrantes.
De conformidad con el Proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse y con base en cifras del Servicio de Migración y Control de Aduanas, 61 por ciento de los migrantes que ha pasado por el centro Irwin Georgia son mexicanas y mexicanos.
Al respecto, la cancillería mexicana ha señalado que con el fin de dar seguimiento al caso se encuentra en contacto con la organización que realizó la denuncia, a través del consulado de México en Atlanta, Georgia. Igualmente, solicitó información de manera oficial a las autoridades migratorias norteamericanas.
Ante la posibilidad que mujeres y hombres migrantes mexicanos hayan pasado por ese centro es prioritario que la Cancillería confirme la información para dar seguimiento a los casos y, de ser necesario, acompañarlos en una demanda, pues uno de sus objetivos es proteger a las y los mexicanos en el exterior y apoyarles para evitar que sus derechos sean pisoteados.
Natalia Molina, profesora de Estudios Estadunidenses y Etnias de la Universidad del Sur de California, señala que hay un legado vergonzoso de funcionarios estadunidenses respaldados en leyes impulsadas por el racismo y encubiertas en términos de salud mental y bienestar, quienes ordenan cirugías a personas de color sin contar con su consentimiento. En lo que respecta a la esterilización, se estima que en la historia de California ha sido particularmente preocupante, pues hubo esterilizaciones forzadas en el hospital del condado de Los Ángeles y en el sistema penitenciario de dicho estado.
Para Alexandra Minna Stern, quien dirige el Laboratorio de Esterilización y Justicia Social, proyecto que se dedica a reconstruir historias detrás de las esterilizaciones que ocurrieron en Estados Unidos en 1907, el estado de Indiana aprobó la primera ley de esterilización eugenésica y posteriormente 31 estados de Estados Unidos hicieron lo mismo. Calcula que unas 60 mil personas fueron esterilizadas en procedimientos que hoy son considerados obligatorios y forzados, bajo la justificación de que dichas personas que estaban siendo esterilizadas no eran aptas para reproducirse.
En California las personas de ascendencia mexicana fueron mayormente esterilizadas, en tanto que en Carolina del Norte lo fueron las mujeres negras. Considera que la mayoría de estas leyes fueron derogadas en los años 70, no obstante, estos casos aún siguen siendo estudiados y analizados.
Las operaciones quirúrgicas no consentidas les quitaron a las mujeres migrantes la posibilidad de ser madres afectando su naturaleza femenina y generando un duelo con un alto grado de sufrimiento y angustia, además de profundas alteraciones para la salud mental y física.
El informe presentado por Dubravka Šimonović, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, confirma que el maltrato y la violencia contra la mujer experimentados durante la atención del parto en los centros de salud es una forma de violencia generalizada y sistemática. Nos referimos a la violencia obstétrica, la cual es ejercida por profesionales de la salud, como médicos y personal de enfermería, hacia las mujeres embarazadas en labor de parto y en puerperio, constituyendo una violación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
La falta de consentimiento de las mujeres para ser sometidas a este tipo de intervención quirúrgica plantea su desvalorización como seres humanos al ser tratadas como objetos. De igual forma, sufrieron discriminación por género, además de que pareciera que estas acciones fueron dirigidas expresamente hacia las mujeres migrantes de escasos recursos.
Parece que nos encontramos en el inicio de una larga lucha por parte de las mujeres migrantes a vivir libres de violencia, a defender sus derechos en la toma de decisiones sobre su cuerpo, salud sexual y reproducción.
* Especialista en temas de igualdad de género