Recuerdo los primeros meses después del 26 de septiembre de 2014. El sentimiento de indignación era generalizado. Sigo sin comprender por qué, en un país con tantas atrocidades, precisamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa generó tal reacción en la sociedad. Quizá fue que la noticia se difundió desde el inicio como la desaparición de jóvenes estudiantes. Quizá fue la reacción inmediata de las organizaciones defensoras de derechos humanos que pudieron dimensionar desde el primer momento la magnitud del ataque. Quizá fue que ya había un hartazgo social hacia el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Quizá, la ineptitud que mostraron las autoridades. O que la tragedia se nos presentó como un espejo en el que vimos nuestra propia miseria. Quizá fue una combinación de todos estos factores.
En estos 12 años, aprendimos mucho. Aprendimos que Guerreros Unidos trafica heroína en autobuses de turistas desde Guerrero hasta Chicago. Que eso no puede ser posible sin la complicidad de las corporaciones de seguridad federal, y sin la subordinación de las policías municipales y estatales. Que las desapariciones eran un fenómeno enterrado en fosas clandestinas y que el amor de las madres jamás dejará que se queden ocultos. Aprendimos cómo operan los gobiernos, no en función de esclarecer un delito sino en la lógica del control de daños. Y corroboramos lo que ya sabíamos, que siempre pagan los de nivel más bajo mientras los jefes siguen libres, tanto en el Estado como en los grupos criminales.
Pero también aprendimos que a veces entre más se investiga, más nos alejamos de la verdad. El robusto expediente del caso Ayotzinapa ya está lleno de testigos y evidencias que pueden confirmar o contradecir cualquier hipótesis. Y mantener la coherencia entre todas las versiones se ha vuelto complicado para la mayoría de las personas, y al parecer también para los investigadores ministeriales. En estos 12 años pasamos de la verdad histórica de Murillo Karam a una teoría del uso de crematorios de funerarias, que está sujetada de alfileres en el aire. Entre esas dos hipótesis hay testigos protegidos que cambian de versión a conveniencia, grupos criminales que operan impunemente, desapariciones que siguen ocurriendo, intereses que simplifican y entorpecen el caso.
Pero algunas cosas han quedado claras: que fueron integrantes de Guerreros Unidos los que atacaron a los estudiantes, aunque no se sabe bien por qué tal nivel de violencia; aparentemente, los normalistas habrían tomado, sin saberlo, un autobús que tenía un cargamento importante de heroína, aunque hay versiones más simplistas que señalan que entre los normalistas habían miembros del grupo criminal contrario Los Rojos, lo que traslada parte de la responsabilidad a las propias víctimas.
Esta narrativa se quiso impulsar desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Recuerdo que en las primeras semanas después de los hechos, personal de la PGR se me acercó para contarme como un secreto revelador que los normalistas operaban como un cártel, que traficaban drogas y que cometían otros delitos como robo y extorsión. “No son blancas palomitas”, me dijeron. Les pregunté si eso estaba en el expediente, si existía una investigación al respecto. Claro que estaba dispuesto a publicarlo, pero necesitaba evidencias. No me volvieron a buscar.
A 12 años de la noche de Iguala también se sabe que se han localizado restos calcinados de tres de los jóvenes desaparecidos. También, que alcanzar el nivel de afectación térmica que mostraron los huesos hallados era imposible en una cremación al aire libre en una noche lluviosa. También que en el basurero de Cocula se encontraron restos de al menos 19 personas, pero los antropólogos identificaron que había mujeres, adultos mayores y personas con prótesis, ninguno con el perfil de los 43 normalistas.
También se sabe que hay diligencias de la FGR, Defensa y Marina, que no quedaron registradas en el expediente. Muchas cosas más se saben, pero por cada certeza brotan decenas de dudas. Por ejemplo: ¿Cómo llegó el hueso de Alexander Mora Venancio al río San Juan?
Para mí, una última certeza es que fue el Estado. Y eso no significa que fue el Ejército, o que fue Peña Nieto, o que hubo una conspiración para atacar a los normalistas. Qué arrogancia de los gobernantes pensar que son el Estado. Fue el Estado porque fuimos todos, cuando miramos hacia otro lado, cuando negamos las evidencias, cuando el dolor de una madre nos es indiferente. La desaparición es un delito continuo, que no prescribe, que se actualiza cada día que la persona sigue sin ser localizada, así que, al final sigue siendo el Estado, somos todos.