A simple vista parece un dilema complejo. ¿Es México un narco Estado necesitado de ayuda para poder rescatar su democracia y respeto a la ley? O acaso ¿estamos ante un nuevo embate del imperialismo yanqui contra nuestra soberanía?
En ambos casos, la respuesta debe ser un contundente sí. A pesar del torrente de ruido mediático sobre el tema, ambas hipótesis pueden ser ciertas en un mismo tiempo.
En México el narcotráfico ha penetrado las estructuras mismas del poder y desde hace mucho tiempo. También resulta más que obvia la agenda intervencionista e interesada de la Administración Trump.
La decisión del aparato judicial de Estados Unidos de presentar cargos y solicitar la extradición de un gobernador en funciones técnicamente es un hecho sin precedentes, pero muy difícil de catalogar como una sorpresa.
En el caso de Rubén Rocha Moya, político priista de toda la vida y de reciente conversión al López-obradorismo, los señalamientos han sido múltiples desde 2021 cuando llegó a la gobernatura de Sinaloa y, sobre todo, desde hace casi 2 años, cuando se difundió la carta escrita por Ismael El Mayo Zambada luego de su secuestro y entrega a autoridades estadounidenses.
Si seguimos la pista del sentido común, el tema del nuevo “gobernador narco” es bastante sencillo de entender. Tres elementos:
1.- En su imperdible texto, El Siglo de las Drogas, el profesor Luis Astorga (1996), narra con detalle y claridad la manera en que, desde el porfiriato el comercio de drogas consideradas como ilegales es un tema que involucra autoridades de todos los niveles en ambos países y prácticamente siempre ha estado sujeto a consideraciones políticas e ideológicas.
2.- Además, a estas alturas de la vida, debe ser difícil encontrar quién compre la tesis de que detrás de la guerra contra las drogas hay un interés genuino en la salud pública de la sociedad estadounidense. Y mucho menos una preocupación real por los ríos de sangre y muerte que dicho negocio genera en su eterna ruta hacia el norte.
3.- Y sin embargo, tampoco creo que resulta fácil convencer a la sociedad mexicana de que detrás de la defensa de facto del gobernador morenista no hay un intento de encubrir el descarnado pragmatismo que acompañó el vertiginoso ascenso político de Morena en nuestro país.
Así, debemos reconocer que en este caso ambos lados del debate tienen su parte de razón: En México el crimen organizado ha permeado hasta la médula de las estructuras de justicia, gobierno y poder económico. Hoy son algunos paladines de Morena, antes García Lune y previo, “la mafia del poder”.
Pero, del otro lado, quién podría sostener que detrás de las nuevas denuncias impulsadas desde la Casa Blanca hay mucho más que una nueva ofensiva encaminada a la obtención de todavía más beneficios para la agenda real del señor Trump. Esto significa acrecentar su fortuna personal y promover su imagen como emperador del mundo.
Al menos desde el primer momento de su segundo mandato (enero del 2025) quedó absolutamente claro su enorme apetito por producir esas escenas de algún operativo de Fuerzas Especiales dentro de territorio mexicano con las que sueñan sus fans más rupestres.
En tanto, en defensa de su legitimidad el gobierno de México corre el riesgo de recurrir a un patriotismo ramplón que lastime la economía nacional y solamente sirva para que aumente la presión para una acción directa al estilo la que conoció Nicolás Maduro en carne propia los primeros días de este año. Al tiempo.
Creo que todos sabemos que el meollo del asunto no está en que un gobierno estatal y sus secuaces presenten servicios de impunidad a un cártel de “narcoterroristas”. Tampoco en una nueva cruzada de las agencias estadounidense para “limpiar” o “liberar” a nuestro país.