Hay tragedias que no pueden cerrarse con minutos de silencio, coronas de flores ni comunicados cargados de pesar. Cuando tres bomberos mueren en cumplimiento de su deber, el discurso de la “fatalidad” deja de ser suficiente. Lo ocurrido hace una semana en Matamoros no fue solo un incendio, fue una cadena de decisiones o de omisiones que deben ser investigadas y explicadas.
Porque cuando hay muertes, no basta con lamentar. Hay responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales que deben asumirse. La primera instancia obligada a responder es la Fiscalía de Justicia. Se trata de investigar si hubo homicidio culposo, posible negligencia empresarial, violaciones a normas de seguridad industrial u omisiones que derivaron en el colapso estructural.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe aclarar si la maquiladora cumplía con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de instalaciones eléctricas, prevención de incendios y manejo de materiales peligrosos. ¿Había dictámenes de seguridad industrial vigentes? ¿Se detectaron riesgos y no se corrigieron?
A ello se suma la responsabilidad de Protección Civil, tanto estatal como municipal. ¿La empresa contaba con dictamen de riesgo y plan interno de PC? ¿Había inspecciones recientes? ¿La bodega estaba correctamente clasificada según los materiales almacenados? Y, sobre todo, ¿por qué colapsó la estructura? Si el riesgo estaba identificado y no se actuó, la omisión también mata.
Al Ayuntamiento de Matamoros le toca responder por las licencias de funcionamiento, los permisos de uso de suelo y la supervisión de empresas de alto riesgo. ¿En qué condiciones opera el cuerpo de bomberos? Equipo, capacitación, protocolos. La muerte de bomberos no solo revela un incendio mal manejado; exhibe, muchas veces, la precariedad institucional con la que se les envía a enfrentar emergencias extremas.
Y por supuesto, está la maquiladora. Debe responder por las condiciones de seguridad de sus instalaciones, por el origen del incendio y por posibles omisiones técnicas o administrativas. Si se acredita responsabilidad, la reparación del daño no es opcional. No fue un incendio, fue un hecho prevenible, con fallas institucionales y muertes en cumplimiento del deber.