La Auditoría Superior del Estado destapó un presunto desfalco de 10 mil millones de pesos en 40 de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas. La revisión de 300 cuentas públicas de los años 2021, 2022 y 2023 reveló que el 60% fue rechazado por inconsistencias y falta de comprobación de gastos.
Documentos incompletos, desorganización administrativa y uso indebido de fondos federales son la constante. Alcaldes, tesoreros y síndicos simulan cumplimiento o lo hacen a medias.
La ciudadanía paga las consecuencias: falta de obra, retraso en servicios y ausencia de información clara sobre el uso de sus impuestos. Los responsables operaron sin sanciones efectivas, y aunque son ejercicios fiscales de otro trienio, no hay que olvidar que existen varios alcaldes reelectos.
El diputado Eliphaleth Gómez Lozano, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, anunció investigaciones por faltas graves, pero la historia demuestra que los mecanismos de sanción actuales son insuficientes.
El auditor superior Francisco Noriega propone la nueva Ley de Fiscalización, con multas de 15 mil a 200 mil pesos y aumentos por reincidencia, buscando frenar la omisión, desidia e irregularidad sistemática.
Pero sin voluntad política real, estas sanciones podrían ser otra promesa incumplida. La falta de documentación retrasa auditorías, dificulta diagnósticos y la más perjudicada es la población. Mientras tanto, cada retraso, cada irregularidad, erosiona la confianza en las instituciones.
La urgencia es clara: aprobar y aplicar la ley con rigor. Los municipios no pueden seguir siendo foco de corrupción. La ciudadanía merece transparencia, eficiencia y rendición de cuentas real.
La Auditoría Superior del Estado tiene su propio reto: ser más transparente. David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, cada vez que entrega sus informes a la Cámara de Diputados, los documentos ya están en línea, abiertos a la consulta pública, y señala con precisión qué estados, municipios y demás entes incumplen. Simplemente actúa y demuestra.