Hace apenas unas semanas hablábamos de tendencias para 2026; hoy la discusión ha aterrizado en reuniones semanales, contratos y flujos de trabajo. Las empresas mexicanas ya no debaten si van a adoptar IA, sino cómo la están usando en el día a día, con qué reglas y con qué riesgos.
En el último mes se hicieron evidentes tres realidades. La primera es que la IA está en producción: desde asistentes de redacción hasta sistemas que gestionan inventarios, la tecnología se ha incrustado en operaciones normales. Este uso cotidiano ha expuesto una carencia: muchas organizaciones incorporaron herramientas gratuitas o de bajo costo sin revisar términos de servicio, sin contratos de confidencialidad y sin políticas internas. La segunda realidad es que la regulación internacional ya afecta a México. El AI Act europeo, que aplicará a partir de agosto de 2026, obliga a clasificar sistemas por nivel de riesgo, documentar su funcionamiento y mantener supervisión humana. Aunque no sea una ley mexicana, ya exige a compañías locales que exportan o tratan datos de europeos adoptar estándares como el NIST AI RMF y la ISO 42001. La tercera realidad es que no existe aún una ley de IA en México, pero sí se discute un proyecto de Ley Federal que crearía la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial (CONAIA) y clasificaría sistemas en prohibidos, de alto riesgo y riesgo limitado. Anticipar esta clasificación ayudará a las empresas a preparar su gobernanza sin esperar a que la norma sea obligatoria.
Más allá de la regulación, el debate sobre propiedad intelectual se volvió concreto. La mayoría de las organizaciones usa contenido generado por IA en marketing, software y diseño. Sin embargo, la protección legal no surge automáticamente: la intervención humana sigue siendo el elemento central para obtener derechos sobre una obra. El propio IMPI y la Suprema Corte han enfatizado que las creaciones plenamente automáticas no son protegibles y que la autoría requiere demostrar un proceso creativo humano. Esto obliga a documentar quién intervino, qué decisiones se tomaron y cómo se usó la herramienta. Además, la agenda de reforma de propiedad intelectual para 2026 busca simplificar patentes, introducir la patente provisional y tipificar como infracción el uso de IA para violar derechos. Las empresas que no se adapten pueden enfrentar vacíos legales y litigios.
Otro componente que se ha vuelto cotidiano es la gobernanza interna de la IA. Las organizaciones deben pasar de la adopción dispersa a un registro formal: qué herramientas se utilizan, qué datos tratan, quién las autoriza, qué evaluaciones de impacto se han realizado. Esto incluye negociar con proveedores cláusulas de no entrenamiento y no retención, exigir evidencia de seguridad, y establecer mecanismos de supervisión humana. La ausencia de políticas claras ya está generando incidentes de fuga de información y decisiones no explicables en sectores tan dispares como servicios financieros, salud y comercio.
El uso extensivo de IA también ha mostrado una tensión entre eficiencia y control. Automatizar tareas reduce tiempos y costos, pero puede eliminar puntos de revisión humana. Por eso, en sectores regulados, conviene definir qué procesos pueden delegarse y cuáles requieren intervención permanente. Esto no implica frenar la innovación, sino diseñarla con responsabilidad. Una estrategia recomendada es crear equipos multidisciplinarios (legal, TI, negocio) para evaluar cada caso de uso y asegurar que exista supervisión apropiada en cada etapa.
No podemos ignorar la saturación de contenido sintético. Los consumidores empiezan a desconfiar de textos, imágenes y videos generados por máquinas. La UE ya discute el etiquetado obligatorio de contenidos generados por IA. Para las marcas mexicanas, esto significa preparar la transparencia: explicar cuándo se usa IA, qué datos alimentan al modelo y cómo se garantiza la calidad. De lo contrario, la percepción de autenticidad puede verse comprometida.
Frente a este panorama, las oportunidades son claras. Las empresas pueden convertir la gobernanza en ventaja competitiva: quien documente, supervise y cumpla normas internacionales tendrá acceso a mercados más exigentes y a clientes globales que priorizan la ética. Para los despachos legales, surgen líneas de negocio evidentes: diseñar marcos de cumplimiento, elaborar contratos de IA, asesorar en licencias de entrenamiento y gestionar derechos de autor y voz. Asimismo, las áreas de compliance pueden ofrecer programas de capacitación sobre IA responsable, anticipando la legislación nacional.
En síntesis, el presente de la inteligencia artificial exige pasar de la curiosidad a la responsabilidad. Continuando la conversación iniciada en enero, ahora hablamos de políticas internas, contratos, propiedad intelectual y estándares internacionales. La ventaja ya no estará en adoptar la herramienta más nueva, sino en usarla con criterio, documentación y visión de negocio. Prepararse hoy permitirá a las empresas mexicanas no solo evitar riesgos, sino posicionarse como referentes en un mercado cada vez más sensible a la transparencia y la ética.