La crisis de derechos humanos en México está literalmente “echando lumbre”, luego de que integrantes de colectivos de víctimas y organizaciones aliadas quemaran moviliario y papelería de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como protesta por la detención y abuso de autoridad que sufrió un grupo de mujeres durante una protesta el pasado 10 de septiembre.
Este movimiento es el segundo a nivel nacional tras la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de colectivos como el frente nacional #Niunamenos y madres de víctimas.
La ocupación va para los 10 días y la respuesta del gobierno federal ha sido desvariante en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue viendo en cada acción la mano del conservadurismo; e insuficiente por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se limitó a señalar que ya se les va a atender y que deben desalojar el edificio.
Nadie habla del problema de fondo; los feminicidios, la desaparición forzada, la violación sexual, el abuso de autoridad. No hay un reconocimiento de la autoridad ante la violacion sistemática de los derechos fundamentales de la población que gobierna, se quedan en el contexto de la toma de instalaciones, los daños físicos, mientras una gran parte de las mexicanas y mexicanos tienen que vivir con el dolor de una ausencia o un cuerpo fracturado.
La violencia es estructural y no es atendida de modo integral. Es verdad que las comisiones de Derechos Humanos no son las únicas responsables, tenemos ante nosotros un problema de fondo, se llama impunidad. Pero se espera de estos organismos comprensión, acompañamiento y una defensa que no practican.
En el panorama local las cosas no pintan mejor, no hay “a qué prenderle fuego”, pues la CEDH sigue acéfala, luego de que quienes integran la LXXV Legislatura hayan dejado correr los tiempos legales para la elección de la ombudsperson y ahora realizan un ejercicio que más bien parece selección de personal.
En el desfile han mostrado su deseo de ocupar el puesto, pero no su calificación, ¡algunos ni siquiera conocimiento! y para muestra la entenada de la diputada más diversa del Congreso (por aquello de su cambio constante de partido), Karina Barrón.
Olga Susana Méndez Arellano mostró su ignorancia afirmando que las parejas del mismo sexo aún tienen que acudir a la vía jurisdiccional y el ex director de la Facultad de Derecho, José Luis Prado Millard, usa términos erróneos como “Corte Interamericana de Justicia” o “Convención de Estambul” y propone un manejo similar al de un Ministerio Público, esto solo por citar algunos ejemplos.
José Enrique Guzmán Quiroga, quien en su currículum ostenta ser parte de la Alliance Defendig Freedom, una organización que esta a favor del “matimonio natural” y la defensa de la vida desde la concepción, además de ser asesor de los Legionarios de Cristo, una organización católica con cuantiosas denuncias por pederastia.
Y la lista sigue. Hay algunas candidatas y candidatos con cierta experiencia, pero tampoco se nota un proyecto claro para el futuro. El periodo ordinario de sesiones en el Congreso Local ya empezó y la decisión está por tomarse. El fuego se acerca.