Hay silencios que pesan más que los sermones más extensos. En la parroquia de San Juan Crisóstomo, ese silencio se ha instalado en las bancas de madera, como el vacío que deja un actor tras abandonar el escenario.
Los feligreses, antes acostumbrados a la cercanía de su confesor hasta entrada la noche, hoy buscan cita para ver a su guía espiritual.
Quienes hace años se arremolinaban para escuchar a José Dolores Aguayo González, conocido como el famoso Padre Lolo de la Gran Plaza, hoy admiten, con un dejo de tristeza, no reconocerlo. Su transformación parece el arco narrativo de esas películas donde el protagonista, seducido por los reflectores, olvida el guion que le dio sentido.
El círculo del Padre Lolo se fue ampliando, como en un travelling que se aleja de lo esencial. Primero fueron los políticos —gobernadores, alcaldes, funcionarios— que pasaron de buscar su bendición en eventos públicos a hacerlo en ceremonias privadas. Luego vinieron otros personajes de una trama más oscura, y con ellos, los compromisos que poco tenían que ver con el confesionario.
Las cartas de apoyo del sacerdote —antes dirigidas a jóvenes que buscaban empleo o familias necesitadas— adquirieron nuevos destinatarios. La más reciente, revelada en tribunales de Estados Unidos, lleva el membrete de su parroquia. En ella, el Padre Lolo abogó por Rubén Oseguera González, hijo del recién abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es aquí donde la película de su vida da un giro de guion que ni Scorsese habría firmado.
Conviene detenerse un momento en la figura de Oseguera González, "El Menchito". Su historia parece un thriller fallido de identidad: nació en San Francisco, California, en 1990, con todo para ser el segundo al mando del CJNG, pero un jurado federal en Washington lo declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetaminas a sabiendas de que serían importadas a Estados Unidos.
La violencia que desplegó, según cuentan los expedientes, parece extraída de una película de terror. En marzo de 2025, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, además de una multa superior a los 6 mil millones de dólares.
Ante este telón de fondo de sangre y narcotráfico, la carta del Padre Lolo emerge no como un acto de fe, sino como un objeto fuera de lugar, El Arzobispado decidió no suspenderlo. Es su derecho.
El padre Aguayo González, explicó en una entrevista que "la Iglesia no puede dar la espalda a quien busca reconciliarse con Dios, aun cuando se trate de figuras públicas".
Afirmó que las cartas fueron redactadas a solicitud de la jueza del caso y de la familia, en el marco de su labor de acompañamiento espiritual.
Sus palabras, en apariencia piadosas, resuenan huecas en las bancas de madera de San Juan Crisóstomo. Porque el problema no es, como él plantea, que la Iglesia acompañe a un preso anónimo. El problema es la sospecha de que su ministerio, conocido como genuino, ahora pudiera obedecer a un guion donde los reflectores —y quién sabe qué otros intereses— han apagado un alma bondadosa.
En la parroquia, sus fieles, hoy prefieren guardar silencio. Los feligreses se preguntan si aquel hombre cercano y entregado aún existe detrás del personaje público, o si, como en una película de film noir, el protagonista ha sido reemplazado por un doble que desdibuja la frontera entre la luz y la sombra.