Cuba atraviesa una grave crisis energética y a la mayoría de los medios de comunicación, especialmente a los estadounidenses, se les olvida mencionar que los apagones en la isla son provocados, en su mayoría, por el bloqueo impuesto desde los Estados Unidos.
Tampoco hablan del impacto en las importaciones de combustible, por estar incluido —nuevamente— en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado, ni mucho menos de las 243 sanciones económicas recrudecidas durante el Gobierno de Trump y mantenidas por Joe Biden, en el marco de un bloqueo y un aislamiento internacional que supera los 60 años. Las restricciones de Estados Unidos a los envíos de combustible y piezas de repuesto han traído como consecuencia un apagón nacional en Cuba, exacerbando la difícil situación del pueblo cubano.
En la isla existen nueve termoeléctricas principales que se han instalado a lo largo de varias décadas con tecnología extranjera y muchas de las cuales han superado su vida útil. El bloqueo dificulta y, en algunos casos, imposibilita conseguir piezas de repuesto. Adicionalmente, los desafíos económicos del país han limitado la capacidad de llevar a cabo un mantenimiento preventivo constante.
Sin embargo, las sanciones impuestas a Cuba no son simplemente barreras o una restricción comercial; se trata de una política de Estado que busca generar hambre, conflicto social y desesperación en su pueblo para promover un cambio de régimen.
Recordemos que en febrero pasado, el Gobierno de Cuba se vio obligado a anunciar un aumento muy considerable del precio de la gasolina, repercutiendo directamente en el encarecimiento de la vida para el pueblo cubano. El bloqueo permanente, el impacto de la pandemia de COVID-19 en el turismo y el alza inflacionista global, han golpeado duramente la economía cubana durante los últimos años.
Mientras tanto, Estados Unidos se llena la boca hablando de democracia al tiempo que impone sanciones contra otros pueblos latinoamericanos a su antojo. A Venezuela le aplicaron sanciones más duras a partir de 2019, afectando su capacidad de producción de crudo, por lo que también disminuyó el número de barriles de petróleo enviados a Cuba. Lo anterior, sumado al aumento de los precios mundiales por la guerra de Rusia y Ucrania que hacen que las compras para un país con las condiciones de Cuba sean casi inaccesibles. En medio de esta situación, el Gobierno cubano consiguió un acuerdo con Rusia para recibir 30.000 barriles de crudo diarios y paliar, parcialmente, el vacío del crudo venezolano.
Ahora bien, aunque el contexto de Cuba se da en condiciones muy particulares, la gran mayoría de países de nuestra región atraviesan un problema muy similar en cuanto a la generación de energía: el desarrollo en la infraestructura eléctrica es menor a la demanda, que en los últimos años aumentó debido al crecimiento demográfico y al cambio climático. Vivimos en un continente extremadamente vulnerable a los eventos climáticos.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el consumo de energía eléctrica aumentó un 30% en los últimos 10 años en la región, pero el acompañamiento en la generación y, sobre todo en la infraestructura de transporte, no fue el mismo.
Países como Argentina y Brasil también han atravesado apagones recientes. Ecuador, hoy consentido de los Estados Unidos, vive desde hace semanas apagones de hasta 12 horas al día, por falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y una ausencia de un plan energético, pero, en este caso, por motivos de corrupción y desidia. ¿Por qué no tienen entonces la misma cobertura mediática que en el caso de Cuba?
Según la Agencia Internacional de Energía, para el año 2030, la demanda de energía eléctrica en América Latina aumentará un 70%. El contexto económico y tecnológico mundial se mueve hacia una transición energética, mientras que en la región la situación sigue siendo alarmante.
Mientras hay desubicados y desubicadas o malintencionados y malintencionadas como la diputada panista América Rangel, que niegan la existencia del bloqueo porque “Cuba tiene tratados comerciales con 90 países”, todos los años en la Asamblea General de la ONU, la gran mayoría piden su terminación. Tan solo en 2023, 185 países apoyaron la resolución en su contra, reflejando el consenso internacional sobre su daño.
Biden continúa perpetuando una guerra criminal contra Cuba, mediante un bloqueo brutal y su designación como Estado patrocinador del terrorismo; una guerra “lenta” pero permanente en la que los cortes eléctricos son un intento más para que el pueblo se levante. En este sentido, las inversiones, las estrategias conjuntas y la cooperación entre Estados latinoamericanos parecen ser la única salida.