*Para Luis Alberto Cisneros que hace 25 años no ha podido regresar a su hogar.
A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 91,000 personas desaparecidas, de las cuales cerca del 25% son mujeres, niñas y niños. Lejos de ser un flagelo del pasado, atribuido especialmente a la fracasada guerra contra el narco, más de 6,800 personas se reportaron como desaparecidas el año pasado. Sin embargo, aunque hoy existe un decidido apoyo del Gobierno del presidente López Obrador, las familias de las y los desaparecidos se encuentran a menudo con la ineficacia de las fiscalías para procesar estos casos y la mirada indiferente de los gobiernos locales.
Reconocer públicamente la magnitud de este duelo que suspende las vidas en el tiempo es un gran paso y una gran diferencia frente a la apatía de regímenes anteriores. El actual gobierno ha emitido varias disculpas públicas por la inacción pasada, además de elevar el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda en un 55%, emitir un decreto presidencial para crear una Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso la Justicia para coordinar los esfuerzos e investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, recientemente, anunciar la creación de otra Comisión Presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. Sin embargo, los avances para identificar el paradero de las y los desaparecidos siguen siendo muy escasos, mientras que las familias piden que los esfuerzos no se concentren únicamente en la búsqueda de cuerpos, sino en la búsqueda en vida.
La voluntad política no puede venir únicamente del gobierno federal y necesita estar acompañada de los esfuerzos locales. El 90% de los recursos que destinan los estados para este fin proviene de la Federación, mientras que la impunidad de los casos investigados oscila entre el 94% y el 98%.
El movimiento Por nuestros desaparecidos en México habla de 52 mil cuerpos que no habían sido identificados hasta agosto del año 2020, bien sea por falta de especialistas o de recursos, o inclusive por el recrudecimiento de la violencia, especialmente, durante los sexenios anteriores. De esos cuerpos por identificar, cerca de 31,000 yacen en cementerios públicos y de más de 11,000 se desconoce su paradero exacto. 3,978 fosas clandestinas son el testimonio de un país de ausentes y de un grito de dolor que no termina.
Aunque la protección ante las desapariciones implica que las personas desaparecidas deben ser buscadas por las autoridades de forma efectiva, coordinada y haciendo uso de todos los recursos y medios institucionales disponibles, han sido los propios familiares, especialmente, las madres, quienes heroicamente y sin muchas alternativas, han liderado los esfuerzos más fructíferos y duraderos por encontrar a los desaparecidos en México, no sin ser víctimas también de amenazas, represalias, e inclusive desapariciones y asesinatos. El papel de las mujeres buscadoras, casi siempre invisibilizado, merece ser reconocido y exaltado. Han sido ellas quienes han asumido la ausencia del Estado para ejercer el papel político de instituciones irresponsables y de oídos sordos.
Ser un desaparecido es estar al margen del ámbito de la ley, privado de cualquier derecho y por ende a merced de los victimarios. La angustia mental de no poder ser encontrado se une a la de las familias que ignoran las condiciones en las que sus seres queridos se encuentran privados de su libertad; sentimientos intensificados, además, por las consecuencias económicas de la desaparición, bien sea por que los familiares emplean todos sus recursos en la búsqueda o porque la persona desaparecida es el sostén económico familiar.
Hoy a las personas las siguen desapareciendo y parecen ser solo un problema de quienes los buscan. Las y los desaparecidos no pueden ser solo de los familiares, sino de la sociedad en su conjunto. Si ante el Estado prácticamente no existen, no les neguemos nosotros también su derecho a no ser olvidados. Verdad, justicia y reparación.
Daniela Pacheco