El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, señalado por el delito de peculado, enfrenta el primer juicio político de la historia de ese país en contra de un mandatario, en el que podría resultar destituido por un legislativo dominado por la oposición. Este martes compareció en la Asamblea Nacional para defenderse de los señalamientos por un contrato de la empresa pública de transporte de petróleos, Flopec, y la empresa privada Amazon Tanker. Aparentemente, tenía conocimiento de actos de corrupción de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
A pesar de que contaba con tres horas para rendir su versión, el mandatario ecuatoriano habló únicamente por una hora, sin presentar ningún descargo sobre las pruebas en su contra. Su intervención se asemejó más a una escueta y adornada rendición de cuentas que no corresponde con la peor aprobación de un presidente en América Latina; sólo el 13% del pueblo ecuatoriano valora bien su gestión, superando incluso a otros mandatarios muy mal evaluados en la región como Dina Boluarte que roza el 17% de aprobación.
Además de las acusaciones por presunto peculado, Ecuador atraviesa la peor ola de inseguridad de su historia, llegando a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. El país andino pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina en el gobierno del expresidente Rafael Correa, al segundo más inseguro de la región. El sicariato, las extorsiones, las masacres, los feminicidios, el control de la delincuencia por el territorio, el uso de explosivos para amedrentar a la población, se han convertido en hechos cotidianos. Esto se suma al desmantelamiento generalizado del Estado que alcanza a sectores como la salud y el empleo, bajo la visión neoliberal de un presidente dueño del banco más grande del Ecuador, que en plena pandemia, cuando la gente arrojaba los cadáveres a las calles por la inasistencia del Estado, batió récord de ganancias.
Guillermo Lasso ya eludió una moción para destituirlo en junio de 2022 cuando, en pleno levantamiento indígena, la oposición sólo consiguió 80 votos. Se necesita de una mayoría de más de dos tercios, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas. Varios legisladores han denunciado la repartición de prebendas para que no se logre la votación necesaria para su censura.
Si la oposición logra la votación suficiente, el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, asumiría el cargo hasta las próximas elecciones previstas para 2025. Se trataría, sin duda, de una presidencia sumamente débil sin capacidad alguna de contener ni mucho menos de resolver la grave crisis del país.
Lasso ha amenazado con responder a la destitución con la “muerte cruzada”, una figura que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional, si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Sin embargo, también debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales. El presidente del 87% de rechazo cree que puede ganar nuevamente las elecciones.
La oposición liderada por la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Correa, arrasó hace unas semanas en las elecciones seccionales. Se abriría entonces una posibilidad para la izquierda de recuperar el poder, pero sobre todo, de soluciones para el pueblo ecuatoriano.