Ayer visité el Barco Utopía en Iztapalapa, la nueva apuesta de la alcaldesa de esa demarcación, Clara Brugada, por seguir materializando el derecho a la ciudad para quienes siempre han sido marginados de las políticas públicas. Generaciones enteras privadas del desarrollo, en una ciudad construida y pensada para mantener a las y los pobres en la periferia. Urbes que han ido despojando a cierto sector de la población, a los más pobres, mientras que la otra parte, la más rica, se ha adueñado del espacio público.
La segregación espacial ha propiciado el individualismo, ha priorizado lo privado y la etiquetación negativa de lo que pueda parecer diferente como un espacio público ahora ocupado por quienes han sido tradicionalmente excluidos. ¿Con qué derecho si nunca lo han tenido? Quienes se creen dueños de México nos dicen cómo debe constituirse ese espacio público y quién tiene derecho a usarlo.
Recuerden la reacción profundamente clasista de esos mismos sectores cuando se realizó el concierto gratuito del Grupo Firme, muy similar a la que provocó, recientemente, el último anuncio de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la actuación de la artista Rosalía sin cobro para la gente.
El derecho a la ciudad no se refiere a la ciudad como hoy la conocemos y que en muchos casos algunos y algunas padecen, sino a otra ciudad posible, incluyente, que no castigue la diversidad y promueva la participación y la convivencia social. ¿Cuál es el derecho a la cultura que es válido y cuál no? Cada cual podrá decidir si quiere y puede ejercer su derecho al ocio esquiando en Vail o en un concierto gratuito en el Zócalo.
Con un egoísmo que caracteriza a gran parte de las élites, dirán algunos que en el primer caso son las propias personas las que financian ese derecho al ocio y que por ende se lo han ganado. No importa porqué el resto de las personas no pueden hacerlo ni tampoco que el Estado también debe ser garante de ese derecho, tal y como se estipula en la Constitución mexicana. Si existe un derecho, hay una obligación.
El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza los derechos culturales, incluyendo el derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios.
En ese sentido no se trata de suprimir los gastos en cultura mientras no se solucionan otros problemas de la ciudad, como reclama la derecha, porque posiblemente ningún recurso será suficiente. No se trata de una cuestión dicotómica o excluyente en donde se elige entre la cultura y el dinero para reparar ciertos tramos del metro.
El papel fundamental de un gobierno es el de integrar a todos las personas en un mínimo de igualdad de oportunidades, siendo el acceso al espacio público y el derecho al ocio y a la cultura parte de ese bienestar colectivo.
Además, acusan a la candidata presidencial de más del 70% de preferencia en las diversas encuestas de organizar un concierto para ganar una elección. ¿En serio?
Si en algo tranquiliza a esos dueños del espacio público, el concierto de Rosalía dejará una derrama de 1000 millones de pesos en la Ciudad de México.