19 personas muertas, 800 heridos, 87 desaparecidos, más de 650 detenciones arbitrarias y centenas de casos de violencia física y sexual, son el saldo de cinco días de protestas consecutivas en Colombia. Tanto la ONU como la Unión Europea han condenado “el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”. Iván Duque respondió con la autorización de asistencia militar, es decir, militarizar el país, mientras que el Ministro de Defensa decidió redoblar esfuerzos colocando más policías en las calles.
En redes sociales se pueden ver las cruentas actuaciones de la fuerza pública que dispara contra manifestantes desarmados, inclusive niños y niñas, y hasta amenazas de violencia sexual por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al tiempo que la mayoría de los grandes medios de comunicación dan cuenta de las protestas únicamente desde la “gravedad de los actos vandálicos”. Pocos registran el hartazgo de un pueblo cansado de la corrupción y el saqueo que hoy nos tienen en el primer lugar de desigualdad en la región, y mucho menos del sistemático abuso policial.
El estallido social se desató luego de que, en plena crisis económica y sanitaria por la pandemia, el gobierno de Iván Duque presentara una reforma tributaria para recaudar 23 billones de pesos (US$6.294 millones), a la que llamaron “Ley de Solidaridad Sostenible” —porque así no nos daríamos cuenta—, que golpea duramente a la clase media, pero que premia, por ejemplo, al sistema financiero. Posteriormente, ante la creciente intensidad de las protestas, en alocución nacional, anunció el retiro de la misma para “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos”.
Es muy cierto que Colombia necesita de una profunda reforma fiscal desde hace varios años; mantenemos uno de los sistemas tributarios y de subsidios más regresivos y menos equitativos. También es cierto que ningún gobierno se ha atrevido a tramitarla y defenderla por miedo a su costo electoral, pero presentarla en esos términos en un momento de profunda crisis como éste, no solamente habla de un gobierno tremendamente torpe, sin gobernabilidad, sin capacidad alguna de comunicación y desconectado de su gente, sino de uno bastante indolente.
La reforma pretende gravar servicios públicos como agua, luz y gas, los servicios funerarios ¡en plena pandemia!, y disminuir el monto de ingresos necesarios para declarar impuestos, gravando a quienes ganen 656 dólares mensuales o más, en un país donde el salario mínimo es de 248. El 74% del recaudo provendría de personas naturales y el resto de las empresas. Tal y como está planteada terminaría generando un perjuicio mayor sobre el bolsillo de los contribuyentes de menores ingresos y no sobre las personas y empresas con mayores recursos y patrimonio.
A diferencia de Colombia, la mayoría de los países acudieron a reformas fiscales orientadas a enfrentar la pandemia y disminuir la presión, dejando para otro momento la discusión sobre el equilibrio de sus finanzas públicas a mediano plazo, cuando se logre cierta reactivación económica.
Amenazan con que los programas sociales que llegan a la población más vulnerable tendrían que disminuir drásticamente su alcance, y que 1.3 millones de personas podrían caer en la pobreza. Y pueden tener razón, pero prefieren mantener las exenciones y los beneficios tributarios para las clases más altas.
Durante su mensaje a la nación, Iván Duque no dedicó un solo segundo a las víctimas, y este es precisamente el vivo retrato de su gobierno y de los gobiernos en Colombia del último siglo —porque a los líderes que podían y querían hacerlo diferente los asesinaron.
Nadie responde nunca por los muertos y los desaparecidos, todos miran para el otro lado, especialmente cuando son pobres, estudiantes, campesinos, mujeres y desplazados. Es más fácil acusar a cualquier disidencia de terrorista, guerrillero, y delincuente, para responder con violencia sin vergüenza alguna. Mientras tanto, uno de los responsables de la desolación en Colombia, el viceministro de Hacienda saliente es nombrado como nuevo Ministro de Comercio. Así funciona nuestro sistema de castas.
El pueblo colombiano hace un llamado de auxilio a los pueblos hermanos para que nos acompañen, pero sobre todo para que estén vigilantes. Atravesamos un momento de quiebre; cualquier silencio es complicidad.
Daniela Pacheco