Nos decía Judith Butler que todas las vidas son precarias porque pueden ser fácilmente eliminadas, voluntaria o accidentalmente, y que es deber de todos los órdenes políticos disminuir ese riesgo de mortalidad. Cuando esos órdenes incumplen su obligación de proteger ciertas vidas, nace la precaridad (sí, escrita así): aquella que designa esa condición políticamente inducida, en la que ciertas poblaciones están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte.
La distribución de la vulnerabilidad de los seres humanos es altamente desigual. Ciertas vidas están muy protegidas, vale la pena llorarlas cuando se pierden y generan mucha indignación. Otras, por el contrario, no son dignas de atención ni de ser lloradas, simplemente se deshumanizan. Así, ciertas poblaciones son efectivamente objetos para lastimar o desechar, y es ese tipo de señalamientos, implícitos o explícitos, los que pueden justificar que se les haga daño.
Casi siempre, las y los migrantes encajan en esa categoría de personas a las que no es necesario proteger, puesto que son el “otro”, uno en el que no me reconozco, de otra raza, de otra nacionalidad, más pobre, con menos redes de apoyo. Su cuerpo no es tan valioso como el mío porque no encaja en la significación colectiva de lo que es una vida que valga la pena, casi siempre dictada por el hombre blanco.
Ese hecho de definir la importancia de ciertas personas, por sobre otras, es un acto completamente político y define nuestra estructura social. Como bien señala Butler, es necesario interrogarnos sobre las condiciones bajo las cuales se establece y se mantiene la vida que vale la pena, y a través de qué lógica de exclusión y de qué prácticas de borramiento y nominación.
Sin embargo, esos cuestionamientos suceden cuando hay un nosotros, cuando esa comunidad es capaz de resistir y levantar una voz conjuntamente. Es en la resistencia donde es posible negociar condiciones de vida digna, pero las y los migrantes parecen no tener derecho a ello. Aunque están vivos no están amparados bajo un sistema de no violencia.
Cualquier queja de su parte puede ser sinónimo de deportación o de una pena mayor, por lo que el reclamo por sus derechos, si es que se hace, será siempre tímido.
En pocas ocasiones los y las migrantes pueden contar sus historias, más que para aparecer muertos en su intento por cruzar una frontera, violadas sistemáticamente en su recorrido, o señalados de los aumentos de la delincuencia en el lugar al que migran. Del joven abusado por los “influencers” en Jalisco no sabemos mucho más que su terrible necesidad económica. Esta vez había una cámara, —casi nunca la hay—, la de los perpetradores, para evidenciar que los migrantes siguen siendo ciudadanos de tercera categoría y que pareciera valen menos que un like. Las Chiquirrucas, como se hace llamar el grupo, son una basura, pero también son la viva estampa de cómo le entregamos a cada ser humano el lugar que creemos que le corresponde en el espacio público, casi sin ponerlo en duda.
@DanielaPachecoM