Estados Unidos no llegó al petróleo venezolano mediante una negociación comercial ordinaria. Llegó después de intervenir militarmente en el país y secuestrar en su propio territorio al presidente Nicolás Maduro para encarcelarlo en Nueva York. Llegó después de años de sanciones que bloquearon el financiamiento, restringieron la producción y comercialización del crudo, redujeron deliberadamente los ingresos del Estado y provocaron privaciones masivas al pueblo venezolano. Llegó después de convertir el sufrimiento de millones de personas en un instrumento de presión para debilitar a un gobierno y demostrarle quién sabe qué al mundo. Llegó cuando sobre Caracas todavía pesaba la amenaza de nuevos ataques.
Ese contexto suele desaparecer cuando el acuerdo se presenta como un negocio entre dos gobiernos que encontraron una oportunidad conveniente tras la salida de un presidente incómodo. La realidad es que Venezuela tuvo que pactar con la potencia que acababa de atacarla y que, además, conservaba la capacidad de decidir si su petróleo podía venderse en el mercado internacional.
El acuerdo anunciado por Donald Trump le daría a Estados Unidos acceso privilegiado a una quinta parte de las reservas venezolanas. Una empresa estadounidense recibiría derechos sobre 17 campos petroleros y algunas de esas concesiones podrían extenderse durante cien años. Washington garantiza crudo para sus refinerías, fortalece su seguridad energética y reduce la presencia de China y Rusia en un sector decisivo. Todo en nombre de la libertad, claro.
Trump ha presentado el pacto como un trofeo. Delcy Rodríguez, en cambio, aseguró que Venezuela conserva la propiedad de sus recursos y que los ingresos permitirán recuperar la industria, mejorar los servicios públicos y reconstruir el país. Las dos versiones responden a necesidades políticas distintas, pero no tienen el mismo peso. Estados Unidos habla como quien dicta las condiciones. Venezuela intenta explicar qué pudo conservar después de ser atacada.
La actuación de la presidenta venezolana puede discutirse, por supuesto. Las y los venezolanos tienen derecho a conocer los contratos, los plazos, la participación de las empresas y el destino del dinero. También deben saber por qué su Gobierno habla de un acuerdo de 25 años mientras otras informaciones mencionan derechos de explotación por un siglo.
Exigir esas explicaciones sobre la principal riqueza nacional no significa culpar a Delcy Rodríguez por las condiciones en las que tuvo que negociar. Mucho menos equiparar sus responsabilidades con las de Trump. Ella recibió un país intervenido, con el presidente secuestrado y una industria debilitada. Él llegó con los aviones, las sanciones y esa vieja hipocresía estadounidense de que sus intereses nacionales son un mandato divino para el resto del planeta, especialmente, para América Latina.
Durante años, Washington bloqueó el financiamiento de Venezuela, persiguió sus operaciones petroleras y restringió su acceso a mercados y tecnología. Según el discurso oficial estadounidense, las sanciones estaban dirigidas contra funcionarios corruptos y defensores de la dictadura, pero las consecuencias se convirtieron en hambre, pobreza y migración para el pueblo venezolano. A propósito, ¿alguien sabe qué pasó con el temible Cártel de los Soles?
Ahora, el país que paralizó la industria petrolera venezolana ofrece la inversión necesaria para ponerla nuevamente en marcha. A cambio, obtiene acceso privilegiado a sus reservas; primero asfixia al país, después le vende el aire y finalmente le cobra en barriles de petróleo.
Nada de esto obliga a negar que Venezuela necesita inversión ni a rechazar cualquier relación comercial con Estados Unidos. La industria requiere capital, tecnología y años de trabajo para recuperar su capacidad productiva. El Gobierno venezolano tiene la responsabilidad de conseguir recursos para atender a una población que ha soportado demasiado. Delcy y su círculo más cercano pudo haber concluido que pactar era la única forma de evitar otra ofensiva y conservar algún margen para reconstruir su país. Desde afuera es muy fácil exigir gestos heroicos cuando los muertos, las sanciones y las privaciones los ponen otros.
Pero tampoco puede hablarse de soberanía intacta cuando una decisión se toma con el presidente cautivo y una pistola sobre la mesa. Delcy Rodríguez deberá rendir cuentas por lo que firmó. Estados Unidos tendría que responder por haber fabricado, mediante sanciones y fuerza militar, las condiciones bajo las cuales se firmó. No son responsabilidades equivalentes. Confundirlas permite que Washington convierta una agresión en una oportunidad de negocio y, encima, espere reconocimiento por dizque ayudar a reparar los daños.
Venezuela tendrá que levantarse con el poco margen que le dejaron. Agradecerle al verdugo por robarse la riqueza de un pueblo soberano ya sería demasiado.