La destitución de José Jerí no es un accidente ni una anécdota más en la política peruana. Es la confirmación de que el Congreso se ha convertido en el verdadero centro de poder, uno sin proyecto nacional y sin responsabilidad histórica. Este 17 de febrero lo vacaron cuatro meses después de asumir como presidente, entre investigaciones por reuniones no declaradas con empresarios chinos y acusaciones de inconducta funcional. Pero el problema no es solamente Jerí, de quien, antes de nombrarlo, ya sabían que era el hombre del maletín y que enfrentaba acusaciones en su contra por abuso sexual. El problema es que en Perú la presidencia no gobierna: es decorativa y sobrevive hasta que el Congreso decide que ya no le sirve, tal y como pasó con Dina Boluarte.
Desde 2016 el país ha visto desfilar presidentes como si se tratara de administradores provisionales de una institución intervenida: vacancias, renuncias, destituciones, amenazas, cárcel. Jerí llegó tras la caída de Boluarte, también apartada por el Legislativo. El procedimiento fue legal, pero la legitimidad es otra cosa. El voto popular dejó de ser decisivo para sostener a un mandatario.
El Congreso peruano, lejos de representar a los sectores sociales del país, representa en buena medida a élites económicas, a lobbies empresariales y a intereses corporativos que operan con nombre propio. Cada sector estratégico tiene su brazo en el Legislativo, su congresista de confianza, sus voceros y sus operadores. Toda una subasta política. ¿Quién da más?
El uso normalizado de figuras como la “inconducta funcional” revela su carácter profundamente subjetivo, al vaivén de los intereses corporativos y las mayorías circunstanciales. No se trata de defender irregularidades, pero sí de advertir sobre una figura jurídica que se volvió discrecional. Gobernar bajo esa amenaza constante no es gobernar, sino administrar la fragilidad y acomodarse al poder real.
Lo grave es que esta destitución ocurre a semanas de las elecciones generales. Y el momento no es casual. Vacarlo ahora no cambia el rumbo del país; cambia el equilibrio de poder antes de que el pueblo vote. Debilita aún más al Ejecutivo, le quita capacidad de fijar agenda, de incidir en el debate electoral y de disputar narrativa. Se llega a las urnas con un gobierno reducido a figura transitoria y con el Congreso, otra vez, marcando los límites del poder.
Con un Legislativo que concentra esa capacidad de remoción sin asumir costos de gobernabilidad, no es posible construir un Estado mínimamente coherente. Y un Estado incoherente es un Estado más vulnerable a intereses corporativos y presiones externas —o, si no, ¿cómo creen que el hombre del maletín llegó a ser presidente? La inestabilidad no solo es doméstica; tiene implicaciones geopolíticas. Un país que cambia de jefe de Estado cada pocos meses pierde margen de negociación y capacidad de conducción soberana, esa que tanto necesita hoy nuestro continente.
Perú no necesita otro presidente decorativo, porque las elecciones ya no garantizan que sea diferente. Necesita redefinir las reglas del juego para que la fiscalización no sea sinónimo de bloqueo y el control político no sea mecanismo de chantaje. En Perú, incluso cuando el pueblo elige democráticamente, el mandato puede ser neutralizado. Pasó con Pedro Castillo, elegido en las urnas y enfrentado desde el primer día a un Congreso que nunca aceptó su victoria. Después vino Dina Boluarte sin respaldo electoral directo y con una legitimidad social profundamente erosionada. Ahora Jerí, producto de sucesiones internas, dura apenas meses.
Hace años que el poder en Perú dejó de responder al mandato popular para dedicarse a limitar cualquier intento de conducción política, y ni qué decir de soberanía. Cuando ningún presidente puede completar su mandato, la voluntad expresada es pura parafernalia democrática. Lo que hay no es equilibrio de poderes. Es un sistema que permite elegir al muñeco del pastel, pero no gobernar.