Aunque muchos renieguen lector mío, el tema tiene tintes de esperanza, es cierto que el huachicol sigue siendo una sombra sobre nuestro estado; Hidalgo históricamente marcado por tragedias como la de Tlahuelilpan allá en el 2019, sigue lidiando con la extracción y comercio ilegal de combustible, un mal que ha echado raíces profundas en su economía informal y criminalidad.
Los datos son fríos: Estas tierras encabezaron a nivel nacional hasta hace poco (ya no afortunadamente), el primer lugar de tomas clandestinas de ductos y denuncias penales por robo de gasolina, con más de mil 400 tomas detectadas en un solo mes y más de 400 denuncias presentadas. Estos números reflejan lo duro de este fenómeno que además consume dinero público, erosiona la legalidad y sobre todo coloca entre la espada y la pared a comunidades enteras con círculos de precariedad y riesgo.
Y aquí es de reconocer el trabajo fuerte que ha hecho Menchaca reforzando por un lado los operativos estatales contra el robo y, por otro lado, colaborando con las instancias federales para dar golpes contundentes a este tipo de crimen bien organizado; en este esfuerzo nuestro gobernador ha hecho mucho énfasis en romper con las corruptelas que existen y que permiten que las redes de huachicoleros prosperen, en otras palabras él ha insinuando posibles vínculos de exfuncionarios con dichas bandas y no solo estatales, incluso nacionales, redoblando la urgencia de transparencia y rendición de cuentas claras.
Todo lo anterior viene al caso con el golpe dado a una red criminal que operaba en Hidalgo y Puebla, y que fue anunciado en estos días por Omar García Harfuch en conferencia con la presidenta Claudia, deteniendo a más de 30 personas entre operadores y líderes, incluido el aseguramiento de armas, dinero y vehículos.
Los desafíos siguen siendo inmensos, los huachicoleros han aprendido a operar de manera mucho más sofisticada valiéndose en varios casos de las condiciones económicas de comunidades que se ven enteramente vinculadas por necesidad a participar en esta actividad ilícita. Por eso creo que la gestión de Julio Menchaca merece un reconocimiento por su enfoque que está dando resultados.
La ruta es compleja pero el camino parece claro: menos tolerancia a la ilegalidad, más inversión a políticas públicas que vayan separando a las comunidades que son las que más han sufrido de esta lacra social.