La credibilidad es sin duda uno de los principales aspectos que debe de gozar una persona y una institución; sin embargo, en muchas ocasiones esta pasa a segundo término, hecho que no debe de repetirse en la designación de la nueva persona titular de la Auditoría Superior del Estado.
Desde hace algunos años la ASE ha enfrentado crisis como consecuencia de las personas que han estado al frente dicho órgano, siendo el caso de Francisco Romero Serrano, quién dejó el cargo tras ser detenido por presunto uso de recursos ilícitos.
Para suplir a Romero Serrano se nombró a Amanda Gómez Nava, quién desde la etapa de entrevistas exhibió su incapacidad para desempeñar el cargo, mismo que también dejó y que hoy en día se presumen investigaciones en su contra por un mal ejercicio de sus funciones.
Ambos casos reflejan las equivocaciones que tuvieron los legisladores de aquel momento para elegir a la persona encargada de auditar a los entes públicos de la entidad.
De esta manera la actual legislatura tiene una gran oportunidad para reivindicar a la ASE, a través del nombramiento de una persona que sea capaz de devolverle la credibilidad a la institución.
Si bien Francisco Teomitzi Sánchez le devolvió la certeza al órgano fiscalizador y logró avanzar con el rezago histórico que se tenía en la ejecución de auditorías, su papel fue el de un encargado de despacho.
Por este motivo es importante qué se seleccione a alguien que también le dé continuidad al buen trabajo que durante los últimos meses hubo al interior de dicho ente público.
Es necesario contar con alguien que priorice el trabajo, la transparencia y la justicia antes que una persona qué llegué al cargo de relaciones públicas.
Los diputados locales tendrán que elegir este jueves entre Germán Reyna y Herrero, Bibiana González Pérez y Román Sánchez Zamora, quiénes fueron los 3 mejores perfiles de entre los 10 que fueron evaluados por la junta de Gobierno y Coordinación Política.
Uno de estos tres personajes recibirá el visto bueno de los diputados para encabezar la ASE por los próximos siete años y con ello también la responsabilidad de devolver la credibilidad a la institución.