Desde el viernes pasado, fecha en que se dio a conocer la existencia de la carta de El Mayo Zambada pidiéndole al gobierno de Claudia Sheinbaum que procediera en su caso de acuerdo con la ley y pidiera su repatriación a México por la forma irregular en que fue llevado a Estados Unidos, se desató una ola de acusaciones entre políticos sobre la presunta cercanía de uno de los abogados de El Mayo, el señor Penilla, con unos y con otros. Morenistas y panistas empezaron a aventarse, vía redes sociales y trascendidos en la prensa, fotos y documentos incriminatorios. La verdad es que resulta risible esa prisa nerviosa por deslindarse de un señor que hasta donde se sabe no está acusado de nada, de cara a lo que se vive en el país.
¿Acaso son los morenistas más propensos a ser corrompidos por los grupos criminales que los priistas, los panistas, los verdes o los de movimiento ciudadano? No hay evidencia que lo avale. Y es que no depende de los inquebrantables principios, o de la mayor o menor moralidad de unos respecto a otros, sino de la probabilidad de que el partido en el que militan, en un momento dado, sea el vehículo más eficaz para acceder al poder.
Los criminales no le hacen el fuchi a nadie. Lo que les interesa es tratar con quien tiene la capacidad de decidir, por ejemplo, quién es el secretario de Seguridad Pública de un municipio para tener controlados sus movimientos o, mejor aún, para sumarlos descaradamente a sus fuerzas. Hoy el vehículo al poder y al dinero público es Morena. Pero ayer fueron los priistas y antier los panistas y mañana quién sabe. En Tamaulipas, por ejemplo, la alianza político-criminal se ha mantenido sin importar el partido que gobierne. Hay señalamientos por vínculos con la delincuencia organizada formales en contra de dos ex gobernadores priistas y un panista. Y ahora se señala al actual gobernador morenista, viejo priista, de haber nombrado al mentado Penilla como asesor. En 2021, cuando se reportó que en Sinaloa, un día antes de las elecciones, comandos armados irrumpieron en las casas de los operadores del PRI para amedrentarlos y evitar que salieran al día siguiente a movilizar a sus simpatizantes, la noticia no fue que los criminales se involucraban en la política local, cosa ampliamente sabida, sino que su alianza era ahora con el partido que gobernaba el país.
En enero de 1988, los partidos políticos españoles y vascos decidieron que el terrorismo de ETA no podía ser más un motivo de discrepancia entre ellos y decidieron aislar a esa organización separatista criminal firmando un pacto. Desde 1997, cada atentado de ETA era respondido con una movilización masiva y una condena unánime de todas las fuerzas políticas, lo que llevó a un paulatino debilitamiento de esa organización hasta el cese de su violencia en 2011.
¿Acaso no ha llegado la hora de que los líderes de todos los partidos políticos en nuestro país se unan para aislar y repudiar a quienes participan o se benefician de las actividades de los grupos criminales? ¿No ha llegado la hora de que todos los partidos rechacen el dinero producto de actos ilícitos, que van desde el tráfico de drogas hasta el cobro de piso? Se ve muy lejano, es cierto, pero solo cuando el costo de asociarse con esos grupos implique una condena social unánime y lleve a un total ostracismo político, avanzaremos.