M+.- No se puede apostar a que la disminución de los homicidios ocurra por acuerdos entre grupos criminales o gracias al predominio de un grupo sobre los otros. Sin embargo, es eso lo que ha estado ocurriendo en el estado de Guerrero. Los números hablan de una baja en el número de homicidios, pero esto no ha sido como consecuencia de un fortalecimiento de los instrumentos de control del Estado: la policía estatal no es hoy más numerosa, ni está más equipada, ni es más confiable, de lo que era hace diez o quince años.
En Guerrero, los estallidos de violencia ocurren cíclicamente: en 2014, la disputa entre Guerreros Unidos y Los Rojos, desencadenó una ola de desapariciones que culminaron con los 43 de Ayotzinapa; en 2015, la batalla por Chilapa, entre Rojos y Ardillos fue cruenta; en 2022, la Nueva Familia Michoacana detonó otro ciclo violento al asesinar a 20 personas, entre ellos el alcalde en funciones en San Miguel Totolapan; y ahora, el avance de Los Ardillos, se topó con la resistencia de grupos indígenas nahuas organizados, y para desplazarlos, están desplegando una extrema violencia.
La relativa pacificación a la que apuntan los números -porque la violencia, quizá más sorda, nunca se ha ido- se debe a treguas entre grupos criminales, a pactos entre criminales y la autoridad, y a los triunfos de unos sobre otros. Ejemplos sobran: entre 2022 y 2023 los Tlacos y la Nueva Familia Michoacana se enzarzaron en una auténtica guerra en los municipios donde colindan la Sierra y Tierra Caliente, los muertos se multiplicaron. El 21 de febrero de 2024, gracias, en gran parte, a la mediación de un padre de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, el padre Fili, acordaron una tregua (mucho se criticó, pero el tiempo le ha dado la razón a la Iglesia que vio en estos acuerdos la única paz posible y la única forma de proteger a los ciudadanos frente a la barbarie de las guerras entre criminales). No se conocen los términos de la tregua, pero pedían delimitación de territorios y control sobre minas (la siembra de la amapola perdió interés económico cuando el fentanilo sustituyó a la heroína en el mercado estadunidense). Lo cierto es que la tregua funcionó, y la guerra de trincheras que narrábamos cada semana, paró.
Algo similar ocurrió después de los terribles años de 2014 y 2015, cuando Los Ardillos le arrebataron el control de Chilapa a Los Rojos; a los asesinatos y desapariciones le siguió una relativa calma. Los Ardillos, hay que recordarlo, son un grupo criminal encabezado por los hermanos Celso y Jorge Iván Ortega Jiménez, y cuyo, también hermano, Bernardo, fue diputado del PRD, coordinó la bancada de ese partido y presidió la Comisión de Gobierno del Congreso entre 2012 y 2015. Desde hace años se les atribuye el pleno control sobre las policías de los municipios que tienen capturados e influencia política estatal; fue en Quechultenango, desde donde operan que, en 2018, durante su campaña, López Obrador mencionó la posibilidad de una amnistía y textualmente declaró: “no descartamos el perdón”. A la fecha, ningún miembro de la familia Ortega Jiménez ha sido detenido.
Es importante insistir en que los periodos de relativa calma regional no se han aprovechado para fortalecer a las autoridades locales, no ha habido ningún esfuerzo sostenido en ese sentido, lejos de eso, es evidente el extremo cuidado que tiene la gobernadora y su equipo, para no perturbar los equilibrios criminales ni con el ruido de una detención.