La intención inmediata es transparente, la Presidenta busca trasladarle parte de su popularidad al partido que la postuló para asegurar un triunfo amplio en las próximas elecciones porque, a diferencia de ella, el partido Morena no está bien evaluado.
Hay de entrada un problema en la figura que se busca utilizar para ese fin. En la Constitución, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está contemplada la figura de revocación del mandato como un mecanismo de castigo, a través del cual se retira la confianza ciudadana a un presidente por su mal desempeño. Nadie en el país está hoy pensando en activar ese mecanismo, ni la oposición, ni ningún grupo de ciudadanos agraviados y/o beligerantes, nadie tiene la intención de someter (y ese es el verbo correcto) a la Presidenta a ese proceso. Lo que la Presidenta y Morena buscan en realidad es utilizar esa figura para convocar a un referéndum en torno a su persona y a su gestión; detonar un amplio movimiento de respaldo y ratificación del apoyo ciudadano, bajo la amenaza improbable, pero no menos real, de que ella pudiera resultar destituida, y aprovechar esa movilización para que los candidatos de Morena obtengan mejores resultados.
Las razones pueden ser políticamente explicables: deshacerse de unos cada vez más incómodos aliados y fortalecer su peso al interior de Morena; los electos en 2027 seguramente van a sentir que le deben sus triunfos a la Presidenta si esta se involucra abiertamente en la campaña. Pero para conseguir esto, de entrada, van a tener que montar toda una simulación: recolectar ellos mismos millones de firmas de ciudadanos (2% del padrón electoral) que supuestamente estarían buscando activar el mecanismo de revocación. Parece menor, el tema de la simulación, pero no lo es. Como tampoco lo es que ahora todos los partidos estén copiando a Morena definiendo a sus candidatos meses antes de que inicien los procesos oficialmente y los manden a hacer campaña bajo apelativos como: defensores de la nación, defensores de la patria o coordinadores en defensa de la cuarta transformación. Se pervierten las reglas, se desprestigia la política y se afianza la vieja idea —sembrada desde la época del PRI—, de que en la política todo es mentira, que los políticos son cínicos y marrulleros, y que las leyes son bonitas intenciones sólo aplicables a los ingenuos. Acabamos así todos instalados en el absurdo y en medio de falsas discusiones: ¿que si la Presidenta debe poder o no defenderse en caso de un revocatorio? Pues claro que sí, si la quieren destituir tiene que poder defender su gestión. Pero no estamos en ese escenario, y su propuesta implica que de ahora en adelante todos los presidentes podrán someterse, o se verán sometidos (según vayan las encuestas), a un referéndum a los tres años de gobierno.
Ni qué decir que lo deseable no es que las instituciones se modifiquen a contentillo para resolver problemas puntuales de la mayoría en turno. Y que, si la intención era disminuir el dinero que reciben los partidos y acabar con privilegios de las cúpulas partidistas, Morena pudo haber ampliado su abanico de posibles aliados (Movimiento Ciudadano y al PAN), pero prefirió excluirlos y empoderar a sus satélites que justamente tienen, en la obtención de recursos públicos, su único y verdadero fin.
Todo el proceso de reforma electoral ha sido desaseado e innecesario.