Madres buscadoras del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el pasado 5 de marzo. Entraron y encontraron cientos de zapatos, ropa, mochilas, maletas, cobertores, documentos con instrucciones sobre manejo de armas, listas de apodos y una carta de despedida de un joven que, después se supo, había logrado escapar. El colectivo de desaparecidos también denunció la existencia en el lugar de fosas con restos óseos calcinados y de estructuras que presumen, fueron utilizadas para la cremación de cuerpos.
Las imágenes del hallazgo, los zapatos y las mochilas, tremendamente evocadoras de la ausencia de sus dueños, fueron de inmediato retomadas de manera masiva por los medios de comunicación y por las redes sociales. Esos zapatos pasaron a encarnar la realidad de la desaparición de personas en nuestro país.
El fenómeno no es nuevo: hace más de 15 años que iniciaron las desapariciones ligadas con el crimen organizado, pero quizá nunca antes un hallazgo había generado una ola de indignación y de reclamo como la que se ha vivido los últimos días. Una reacción que las madres buscadoras han querido provocar desde hace años, impotentes ante la indiferencia general de la sociedad. Lo intentaron desde que se desató el horror en 2009 en las zonas controladas por el grupo de Los Zetas, en Coahuila. Ahí se dio uno de los primeros hoyos negros, esos lugares en lo que un grupo criminal lo controla todo con la complicidad de las autoridades, y donde nadie pasa ni sobrevive sin su visto bueno. En Monclova, por ejemplo, y en gran parte de Coahuila, Los Zetas controlaban los tráficos de enervantes, pero también lo que se servía en las bodas (las bebidas tenían que tener el sello del grupo criminal), la venta de materiales para construcción y, desde luego, lo que decían los medios y lo que hacían policías y políticos (ver Anatomía del mal de N+ y ViX). En esos hoyos negros, que han ido cambiando de ubicación según las disputas criminales y la abdicación de nuestros representantes, miles han desparecido por decisiones arbitrarias de criminales permanentemente temerosos de que se les infiltren rivales.
Durante 15 años los colectivos de madres buscadoras intentaron despertar la conciencia de la sociedad, en general, sin éxito. El caso de Teuchitlán lo ha conseguido. La fuerza de las imágenes ha sido determinante y, quizá, también contribuyó la utilización política que le han dado los adversarios del gobierno. Lo importante es que se logró una buena reacción de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció medidas largamente esperadas y varias veces anunciadas.
Voces de la IV T y un grupo de hombres armados han puesto en duda que en ese predio haya existido un campo de exterminio, y quizá hoy miércoles haga lo mismo la Fiscalía General de la República. Se equivocan si creen que con eso van a disminuir el impacto que ha tenido este caso o que así ayudan al gobierno. Más allá de pruebas periciales, la “verdad” de Teuchitlán es una sola: la existencia en nuestro país de campos de entrenamiento y de exterminio donde miles de personas han perdido la vida. La verdad son los 124 mil desaparecidos y el calvario de las familias que trágicamente solas han tenido que entregar su vida para buscarlos.