Contundente, enfática, la Presidenta desgrana un día sí, y otro también, su determinada defensa de la soberanía y la independencia del país frente a los intentos de Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos nacionales. Una y otra vez, manda el mensaje para que lo oigan todos aquí, y en Washington, de que México no se va a subordinar a intereses extranjeros y que ella está plenamente comprometida con la defensa de la soberanía. Hace bien, Trump y su gobierno no ocultan sus intentos por hacerse con el control de otros países: Venezuela, Groenlandia, Cuba y lo que se deje.
Defiende también a su movimiento, que asegura, es el verdadero objetivo de los ataques de la derecha internacional. Lo que buscan, asegura —y no se puede descartar— es destruir a un movimiento que gobierna de forma distinta. En su defensa, nos recuerda, continuamente también, los peores vicios y momentos de la época neoliberal y los compara con la forma de gobernar de la 4T (“antes había que pagar por todo, ahora se estrenan hospitales de 700 camas donde se atiende a la gente de manera gratuita”).
Bien, el mensaje está enviado, y seguramente ha sido recibido: este gobierno hará todo para que no sea un día de campo si Trump decide intervenir en México, a través de más acusaciones, o peor aún, interviniendo directa y militarmente.
Pero luego, uno esperaría la tercera parte del discurso, esa en la que nos diga que, más allá de estas recientes acusaciones, es inaceptable que en nuestro país un funcionario o una autoridad electa, de cualquier partido, traicione al pueblo de México pactando o colaborando con el crimen organizado. Esa en la que nos prometa a todos los mexicanos, a nadie más, que este gobierno sabrá mantener a raya a las mafias criminales; que ninguna autoridad podrá impunemente asociarse con grupos criminales y que su gobierno hará todo lo que esté dentro de sus competencias para que, quienes incurran en esas prácticas, sean investigados y llevados ante la justicia. Y uno esperaría que esa parte fuera dicha con la misma contundencia, con la misma pasión y determinación que las dos anteriores. Pero esa parte no llega, o si llega, es muy tímida. “Si hay pruebas que la Fiscalía actúe”, dijo el pasado lunes. Y defensiva agregó: “Nosotros no tenemos nada qué esconder”. Pero nadie piensa que ella tenga algo que ver con eso, nunca se ha visto una acusación contra ella en los veintiséis años que lleva en posiciones públicas. ¿Por qué entonces esa falta de enjundia y de claridad? Es un misterio.
Las hipótesis brotan por todos lados. Que si protege a alguien, que si lo hace para evitar que su partido resulte irremediablemente afectado por una sucesión de escándalos (la más probable), que está cuidando la unidad de su movimiento (también), que no tiene la fuerza autónoma suficiente para enfrentar a quienes hicieron esos pactos (probable).
Ahora, más allá de los discursos, los señalamientos de vínculos entre funcionarios y autoridades electas con el crimen organizado no solo vienen de la derecha internacional ni de una oposición desquiciada o antipatriota: parten de las calles, de los pueblos, de los negocios, son parte de la experiencia cotidiana de millones de mexicanos. Decirlo no es atacar a la 4T: es nombrar lo que existe y pedir, y esperar, que se haga todo para desterrar esa colusión entre poder político y poder criminal que tanto dolor causa en el país.