Entre los reformadores de la primera hora y quienes asumen la necesidad de institucionalizar el movimiento y el ejercicio del poder, la disputa era solo cuestión de tiempo. En eso estamos.
Llegaron junto con Andrés Manuel al poder grupos muy disímiles: desde viejos opositores de la izquierda mexicana, activistas sociales, participantes de los movimientos estudiantiles, expriístas que se desprendieron del régimen por el giro liberal de los años ochenta, los oportunistas de última hora y los que salieron en las tómbolas. Llegaron muchos que, no solo no estaban acostumbrados al ejercicio del poder, sino que desconocían las reglas, las razones detrás de esas reglas, y el funcionamiento de las instituciones. De hecho, desconfiaban de las instituciones a las que veían como la encarnación misma de la injusticia social y política del país. Otros, los menos, sí tenían experiencia de gobierno, algunos habían sido parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Hoy, unos y otros, forman parte de la nueva élite política.
López Obrador favoreció durante su gobierno a quienes le ayudaron en la labor de rompe y rasga que se propuso desde el inicio. Por convicción, y por agravio, había que destruir el edificio, lo dijo en múltiples ocasiones: había que desarmar completo el sistema de privilegios para luego ensamblarlo nuevamente para que sirviera a objetivos distintos y mejores. En esa tarea los radicales le fueron muy funcionales.
La situación política, sin embargo, es hoy muy distinta, ya no hay márgenes para los destrozos y los experimentos (la mayoría de los cuales, como suele ocurrir en revoluciones y reformas radicales, fueron innecesarios y traumáticos); hoy se necesita construir, dar confianza, crecer, institucionalizar. Si persistieran en el rompe y rasga acabarían destruyendo al país y, en el camino, su posibilidad de mantenerse como un movimiento políticamente perdurable. Hoy tienen que ser eficaces ejerciendo el poder, y los atributos de quienes en esas circunstancias (idealmente) conforman el entorno de la Presidenta no pueden ser los mismos del periodo anterior. Es en ese contexto que estalla la tensión al interior de la nueva élite política. Por eso, las cada vez más frecuentes acusaciones de traición y los atrincherados en oficinas gubernamentales.
Los priístas conocen esta historia. Una vez en el poder, las élites revolucionarias pasaron lustros enfrentándose, al principio a balazo limpio, luego de una forma más cortesana e institucional al interior del partido.
Los términos de la disputa eran entonces los mismos que hoy: los “genuinos” revolucionarios, los que habían tirado bala contra los federales, frente a los recién llegados, estudiados, urbanos y constructores de instituciones. La acusación de traidores era entonces también moneda corriente.
Gonzalo N. Santos, gran narrador de esos días, describe en sus Memorias crudamente lo que llama las paradojas de las revoluciones, y menciona el caso de un joven revolucionario de la última hora que, siendo egresado del elitista Colegio Militar, acabó bajo las órdenes de un gañán (trabajador del campo) de la hacienda de su familia, y remata: “Las revoluciones son así, el Aguilucho de Chapultepec a las órdenes del gañán de Tampamolón (municipio de San Luis Potosí), claro que con el tiempo los gañanes mueren en la pelea o son eliminados por los recién llegados”.
¿Crueldad o traición? Ninguna de las dos, necesidades del momento. Santos lo escribió sin amargura cuando el PRI llevaba décadas en el poder.