Como si no faltaran temas que exigen para su mejor resolución una disminución de la polarización ambiente (ya no digamos unidad o serenidad) como la amenaza —momentáneamente conjurada— de Estados Unidos de proceder con ataques en nuestro territorio; o la necesidad imperiosa de detonar el crecimiento económico por el bien de todos (incluido el futuro del proyecto en el gobierno) y para lo que se requiere cierta certeza y tranquilidad, aparece ahora el divisivo tema de la reforma electoral. Mal momento.
Porque sabemos lo que ese tema despierta, y no sin razón. Desde el ala del gobierno hablan de dejar atrás “los pactos entre cúpulas partidistas” y de “renovar el pacto democrático” remodelando el último bastión de la “fracasada transición”. Para otros, es “la madre de todas las batallas” para evitar “el desmantelamiento definitivo del orden democrático” conseguido con la reforma electoral de 1996 y encarnada en el INE.
Y no es que no haya asuntos de nuestro entramado electoral que se puedan, o se deban incluso discutir. Nadie lo puede negar. La necesidad de mejorar la fiscalización del uso de los recursos es urgente (el documento entregado por el INE a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral hace 38 propuestas al respecto). No solo definir cuánto se les da a los partidos políticos y cómo lo gastan, sino evitar que entren en las campañas y en la política dinero proveniente de poderes fácticos ilegales o criminales.
Se tiene que hablar de la sobrerrepresentación. ¿Hay un porcentaje aceptable en aras de garantizar la gobernabilidad (así se ha defendido en muchas democracias)? ¿O ahora, para corregir las burlas y los excesos que se han venido acentuando desde 2015, se buscará una traducción exacta entre número de representantes (diputados) y las adhesiones ciudadanas?
Sobre el tema de limitar el poder de las cúpulas partidistas, un tema en el que coinciden muchos opositores de Morena (lo ven como uno de los graves problemas que dejaron las reformas del 96 y subsecuentes) habría que encontrar una fórmula (más allá del número de plurinominales) que asegure la representación de las minorías al mismo tiempo que permite que sean los ciudadanos los que pueden elegir a los que lleguen a los órganos de representación, Diputados y Senado.
Pero ¿alguien imagina que se puede tener una discusión enfocada en aspectos técnicos o estrictamente necesarios? La verdad no. Cuando Pablo Gómez se opone a la autonomía ¿qué es exactamente lo que propone?, ¿está cuestionando que los consejeros sean votados por el Senado y con mayorías especiales para contar con el respaldo de los partidos que participan en las elecciones? ¿Le molesta la palabra que le sacaba urticaria a López Obrador o propone algún tipo de supervisión legislativa? No sabemos.
El tema es que, tras la disputa encarnizada sobre la Reforma al Poder Judicial, con todos los costos que ha implicado (difícil verle algún beneficio por el momento), entrar a una nueva discusión que inevitablemente se entenderá (así lo niegue la Presidenta) como un intento por hacerse con el control político (total) del órgano esencial para la existencia de la democracia y garantía del respeto al pluralismo, es un despropósito y entraña un desgaste innecesario en un momento en el que el país y el gobierno enfrentan tremendos desafíos.